Los informes de los tres juicios de responsabilidades para exautoridades de 2007 y 2008, aprobados por la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo para que sean considerados por el pleno debe ser vía “justicia ordinaria”, porque con la Constitución de 2019, estos procesos especiales son para el presidente, vicepresidente y magistrados.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, informó que todos estos procesos que se recomienda al pleno autorizar “incurren en nulidades de pleno derecho por vicios de competencia y de procedimiento”, porque no corresponden.
“Vamos a aprobar causales absolutas de nulidad y lo que vamos a hacer es dar un trámite de privilegio y excepción a exfuncionarios públicos que, por el rango y categoría, de acuerdo con la nueva Constitución, no les corresponde un juicio de responsabilidades, sino un juicio ordinario”, dijo.
En el primer juicio se señala dentro del proceso a Manfred Reyes Villa como exprefecto, Arturo Murillo (exdiputado), Leonilda Zurita (exsenadora) y Omar Fernández también como exsenador.
Se los acusa por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, sedición, incendio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.
Estos delitos ocurrieron durante los conflictos en Cochabamba en 2007.
El segundo informe responsabiliza a la exministra Alicia Muñoz, al exprefecto de Oruro Luis Aguilar y al exconsejero gubernamental Walter Villaroel por incumplimiento de deberes por hechos ocurridos en la mina Huanuni en 2007.
En el tercer informe, el proceso es contra de exprefecto de Chuquisaca Nicanor Cortez, por resoluciones contrarias a la Constitución y leyes.
Buscan impunidad para exfuncionarios
Comunidad Ciudadana alertó que la intención de promover estos juicios de responsabilidades a exautoridades podría tener el trasfondo de beneficiar a miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ejercieron los cargos regionales.
“La situación de aquellos exministros, exgobernadores o prefectos, exsenadores o diputados del MAS, que durante el periodo de 2005 a 2009, es que pueden ser acusados penalmente por delitos relativos a sus funciones. Por lo que se trataría de aprovechar una situación de impunidad, porque con la mayoría de legisladores ningún juicio de responsabilidades contra estos miembros del MAS puede prosperar, es una coartada”, señaló Carlos Alarcón (CC).
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