Los cívicos cruceños dieron un ultimátum al Gobierno: tienen plazo hasta el 10 de octubre para resolver el problema del abastecimiento de carburantes. Si no hay una respuesta concreta, advierten con activar medidas de presión y no descartan convocar a un cabildo.
La decisión fue asumida este miércoles por la Asamblea de la Cruceñidad, que además puso sobre la mesa una agenda que va más allá de los combustibles.
Entre sus principales demandas está la restitución de competencias a municipios y gobernaciones, además de la devolución de los recursos que, según los cívicos, fueron “cercenados” desde el nivel central del Estado.
Otro de los pedidos centrales es la aplicación del modelo 50-50 desde 2027, con el objetivo de que el 50% de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos y sea administrado por gobernaciones, municipios y universidades para financiar obras, hospitales, escuelas y caminos.
Los cívicos también exigen la liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de la eliminación de impuestos que permitan reducir el precio que paga la población.
La dirigencia cruceña cuestionó además el monopolio de YPFB y responsabilizó a este esquema por problemas de corrupción vinculados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La Asamblea facultó al presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, para activar medidas de presión de manera escalonada y en coordinación con otras instituciones si el Gobierno no atiende sus demandas.
El plazo está fijado: 10 de octubre. A partir de esa fecha, la dirigencia cívica cruceña deja abierta la posibilidad de pasar de las advertencias a las movilizaciones.
Ahoradigital
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