El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se presentó este jueves por la tarde ante el Departamento Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) para prestar su declaración informativa dentro de la investigación por la compra de cuatro hospitales móviles durante su gestión, cuestionada por un presunto sobreprecio de Bs 2,8 millones.
Fernández llegó alrededor de las 17:00 acompañado por su equipo jurídico y afirmó que acudía para entregar toda la documentación relacionada con el proceso de contratación y la puesta en funcionamiento de los centros médicos.
La exautoridad edil decidió abstenerse a declarar ante el fiscal asignado al caso, haciendo uso de su derecho constitucional de guardar silencio. Sin embargo, entrego de descargo documentos relaciones a los hospitales móviles.
La Fiscalía determinó dejar en libertad a Jhonny Fernández, quien al salir de la oficina policial señaló que colaborará con la investigación, pero aseguró que no incurrió en ningún delito. “Estamos, como manda la ley, entrando para dar a conocer todo lo que nos han pedido. Aquí estamos trayendo toda la documentación”, declaró antes de ingresar a las oficinas policiales.
El exburgomaestre sostuvo que la adquisición contó con presupuesto, una licitación pública y la participación de tres empresas. También aseguró que el proceso tuvo informes técnicos y jurídicos, además de actas de entrega.
Fernández cuestionó que se hable de un sobreprecio sin considerar todo el proceso de contratación y los bienes adquiridos. “No estamos hablando de un camión, estamos hablando de equipamiento”, respondió al ser consultado sobre la denuncia que señala una diferencia de Bs 2,8 millones en la compra.
El exalcalde afirmó que antes de hablar de un eventual perjuicio económico se deben revisar el precio referencial, las propuestas presentadas por las empresas, la calificación de las ofertas y las actas de entrega. “Si no tenés presupuesto, no podés licitar. ¿Tenías presupuesto? Lo licitamos, fue público”, manifestó.
Según Fernández, los hospitales fueron entregados en agosto de 2024 y comenzaron a prestar servicios médicos. Aseguró que, desde su implementación, se realizaron decenas de miles de atenciones y que también se aplicaron más de 12.000 vacunas de manera gratuita.
El exalcalde también respondió a las versiones sobre una posible detención preventiva solicitada por concejales municipales. “Yo tengo, gracias a Dios, todos los respaldos, mi conciencia está tranquila”, afirmó Fernández, quien aseguró que durante su gestión se actuó conforme a los procedimientos establecidos para las contrataciones públicas.
En ese sentido, mencionó el Decreto Supremo 181, norma que establece las reglas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y sostuvo que la compra de los hospitales se realizó siguiendo ese marco legal.
Consultado sobre la denuncia impulsada desde el Concejo Municipal, Fernández la calificó como política. “Es político, es político”, respondió.
Dentro de la misma investigación también fue citada a declarar la exsecretaria municipal de Salud Adriana Amelunge, quien prestó su declaración en calidad de investigada.
El Ministerio Público indaga los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, a raíz de la denuncia presentada por la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar.
La denuncia sostiene que durante la gestión de Fernández se adquirieron cuatro camiones que posteriormente fueron adaptados como hospitales móviles y que las unidades habrían sido pagadas bajo condiciones que ocasionaron un supuesto sobreprecio de Bs 2,8 millones.
El Deber
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