El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, buscaba su libertad este miércoles en una audiencia de apelación que fue iniciada pasada las 8:30, pero que finalmente fue suspendida. Tres horas después, se conoció también de la suspensión de otra audiencia en la que debía tratar una denuncia por los 36 días de paro que se vivieron en el departamento de Santa Cruz.
Audiencia por el paro que reclamaba un Censo.
El juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer suspendió la audiencia en la que se debía tratar una denuncia presentado por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto por los 36 días de paro que se tuvieron en Santa Cruz en donde se reclamaba por la realización de un Censo oportuno.
La defensa de la autoridad departamental había solicitado que el caso se traslade de La Paz a Santa Cruz.
“Habíamos interpuesto con anterioridad esta excepción para que sea remitido a Santa Cruz este proceso porque ahí han ocurrido los supuestos hechos denunciados, el hecho de que esté en La Paz genera una incompetencia territorial que ya hemos planteado ante el juez”, explicó el abogado Juan Carlos Camacho.
El jurista explicó que la audiencia de este miércoles se suspendió “porque la Fiscalía no habría remitido información respecto a los datos de los denunciados a efectos de su emplazamiento pese a que hemos coadyuvado con las notificaciones”.
El abogado Camacho señaló que “la Fiscalía no ha brindado información respecto a estos aspectos y eso ha generado la suspensión hasta el próximo 19 de enero”.
El dirigente de la COR de El Alto, Marcelo Mayta, denunció a Camacho por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios y otros delitos.
Audiencia de apelación
Camacho estuvo de forma virtual en la audiencia de apelación en la que su defensa buscaba se le otorgue la libertad dentro del caso golpe I, por el que fue enviado a la cárcel de Chonchocoro el pasado 30 de diciembre.
La vocal Rosmery Pabón de la Sala Penal Segunda de La Paz decidió suspender la audiencia de apelación a la detención preventiva. En su argumentación, indicó que asumió la decisión por la falta de un “poder” del representante de la Procuraduría, Juan Clemor Vargas. En ese marco, devolvió los obrados al juzgado de origen.
“Lo que estamos viendo aquí, señora presidenta, es un claro acto de dilación atribuible a los operadores de justicia, que está presente la prensa y los funcionarios, sean testigos de esta obstaculización que está ejerciendo el mismo órgano jurisdiccional”, denunció el abogado Juan Carlos Camacho tras denunciar una “vulneración al debido proceso”
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