La presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Daniela Cabrera, expresó este jueves que siente temor por su vida porque continúan las protestas para tratar de obligarla a dejar su cargo.
La concejala electa por Súmate (la misma organización política de la que forma parte el alcalde Manfred Reyes Villa) denunció que, incluso, hay gente “vigilando” alrededor de su vivienda particular.
Hay “gente vigilando, gente encapuchada; también esta mañana y anoche observamos a personas poniendo carteles y demás cosas en las plazas mencionando nuestros nombres, (…) es una barbaridad lo que está pasando; yo pido nuevamente al Alcalde y a otros concejales que depongamos estas actitudes”, dijo.
El pasado 3 de mayo, las concejalas de Súmate, Daniela Cabrera y Claudia Flores, fueron elegidas como presidenta y secretaria del Concejo Municipal de Cochabamba, respectivamente.
Esta elección generó protestas que aún me mantienen porque grupos afines al alcalde Reyes Villa las acusan de ser “vendidas” al Movimiento Al Socialismo (MAS), según algunos de los carteles con los que se movilizan.
Pero, “lo único que nosotros queremos es trabajar por Cochabamba, además, considerando que ya se nos ha otorgado, a través de la Fiscalía, todas las medidas para que se pueda precautelar nuestra integridad física y nuestra vida porque al parecer nuestra vida también corre peligro”, afirmó.
Pues, “yo veo con mucha preocupación muñecos colgados en la plaza principal con mi cara y con mi nombre, ¿qué es lo que pretenden, ¿van a llegar hasta matarme?”, preguntó Cabrera a las personas que están liderando las protestas.
Entretanto, la resolución fiscal a la que se refiere Cabrera fue emitida el 9 de mayo y su contenido fue conocido de manera pública
A través de dicho documento, la fiscal Jimena Barrios, de oficio, dispuso medidas de protección en favor de Cabrera.
Es decir, la fiscal decidió “prohibir (al alcalde) Manfred Reyes Villa, Diego Murillo, Mauricio Muñoz y Gustavo Camargo acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo (…) o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia”.
Asimismo, la fiscal determinó prohibir a las mismas personas “comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia”.
El Deber
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