Diputados del MAS y del oficialismo rechazaron ayer el proyecto de Ley Excepcional de Alquileres enviado por la Cámara de Senadores, y plantearon ajustar la norma en Sesión de Asamblea Legislativa (ambas cámaras) incluyendo el carácter retroactivo de la norma, ya que como está, no beneficiaría realmente a los inquilinos, a pesar de que este aspecto fue observado por propietarios y abogados como inconstitucional.
“Este proyecto de ley no sirve para la gente pobre, no tiene sentido, porque no es retroactiva, no beneficia a los inquilinos que no han pagado desde marzo”, dijo el diputado (MAS) Víctor Borda.
La diputada Claudia Mallón (UD) por su parte indicó que las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al proyecto de Ley cambiaron por completo el sentido de la norma, por lo que los senadores deberán explicar en la Asamblea el porqué de los cambios.
“Nos llevamos la sorpresa de que se cambió el espíritu de la norma y no entendemos por qué tomaron esa decisión; por ejemplo, se le quita su carácter retroactivo, es decir que solo será aplicable a partir de su promulgación, con esta determinación son perjudicados inquilinos y dueños de casa que hemos estado esperando la aprobación de la norma para arreglar el pago de los alquileres de los meses de marzo, abril y mayo”, publico en sus redes sociales una vez concluida la sesión.
De la misma manera, la diputada (UD) María Calcina criticó que la Cámara de Senadores modificó completamente el sentido de la Ley y señaló que la Ley deber recuperar el sentido de solidaridad y apoya a los ciudadanos que no han podido generar recursos durante la cuarentena, pero que de todas formas deben pagar alquileres.
Otros de los argumentos que se usaron para rechazar el proyecto fue que la misma no debe establecer techos (tanto el proyecto de diputados como el de senadores establece techos de 5.000 bolivianos para vivienda, 7.000 bolivianos para locales comerciales y 15.000 bolivianos para alquileres industriales), que se eliminó el aspecto coercitivo de la norma o que se eliminó la exhortación a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) para que estas aprueben descuentos en sus impuestos a los inmuebles.
Borda, además criticó que el nuevo proyecto no establece ninguna sanción a aquellos propietarios de bienes inmuebles desalojen a sus inquilinos.
Por su parte, la Asociación de Propietarios de Inmuebles (Aprobin), mediante un manifiesto, rechazó ambos proyectos de Ley, señalando que son inconstitucionales al pretender ser retroactivos, vulnerar el derecho a la propiedad privada y ser discriminatoria e injusta.
De acuerdo con Aprobin, el proyecto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados, al pretender ser retroactiva, colisiona con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que señala que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en casos especiales.
En su manifiesto, los propietarios de inmuebles también indican que el proyecto de Ley es injusto a parcializarse hacia los inquilinos, sin considerar los intereses de los arrendadores.
“En sí misma, esta ley contradice su propia exposición de motivos, entrampa el espíritu de solidaridad, con esta lógica, tampoco distribuye el impacto económico de la pandemia del Coronavirus (Covis-19) sobre el pago de alquileres en contratos y acuerdos de arrendamiento vigentes por estar totalmente parcializada”.
Por su parte, el abogado Julio Salazar señaló que el Estado no puede decidir sobre el patrimonio de los particulares, ni establecer efectos jurídicos sobre estos.
“El Estado es un tercero en las relaciones entre particulares; por lo tanto, el Estado no puede decidir sobre bienes que no son públicos, no puede decidir sobre el patrimonio de los particulares y establecer efectos jurídicos. Esta ley es inconstitucional. Por tanto, esta ley es absolutamente contraria a los principios de nuestra legislación”, expresó.
Denuncian abusos por parte de inquilinos
Propietarios de inmuebles denunciaron que inquilinos está aprovechando la existencia del proyecto de ley para cometer abusos sin temor de ser desalojados.
“Uno de mis inquilinos que me debe alquileres desde diciembre dijo que no puedo desalojarlo porque cuando se apruebe la ley de alquileres él podrá volver con la Policía e iniciarme un proceso, a pesar de que sus deudas son anteriores a la pandemia”, señaló Joaquín F., un arrendador.
En otros caso, según cuenta el propietario, el inquilino, a pesar de percibir un sueldo fijo de funcionario público, ha dejado de pagar los alquileres desde el inicio de la pandemia y avisó al dueño de casa que no lo hará hasta que se levanten las medidas de cuarentena.
Pagina Siete
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