El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, más conocido como Fondo Indígena, nació en 2005 como una conquista histórica. Sin embargo, terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder, con un daño confirmado millonario y miles de proyectos sin ejecutar.
Un origen ligado a la lucha por el IDH (2005)
El Fondo Indígena fue creado el 22 de diciembre de 2005, mediante el Decreto Supremo 28571, durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Su nacimiento respondió directamente a una movilización del pueblo guaraní, que exigía participar de los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El investigador Manuel Morales, autor de Fondo Indígena: la gran estafa, explica que, tras un enfrentamiento con militares en Santa Cruz, los guaraníes exigieron el 10% del IDH. El Gobierno cedió otorgando el 5%, pero extendido a todas las regiones campesinas e indígenas del país, convirtiendo al Fondo en un mecanismo nacional de redistribución.
El Fondo fue diseñado con un directorio multisectorial dominado por el Ejecutivo y por las principales organizaciones campesinas e indígenas:
- Ministerio de Asuntos Indígenas (presidencia del directorio)
- Ministerios de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico, Hacienda y Participación Popular
- 12 representantes de organizaciones como la CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, CSCIB, APG, Bartolinas, CPESC y CPEM-B
Este diseño buscaba participación social, pero con el tiempo se volvió un circuito cerrado donde las mismas organizaciones que impulsaban proyectos eran quienes los aprobaban y fiscalizaban.
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El Fondo Indígena operó desde 2009
Aunque creado en 2005, el Fondo Indígena comenzó a operar realmente en 2009, con la llegada de su primera directora, Elvira Parra, quien permaneció hasta 2011. Luego pasaron por el cargo:
- Daniel Zapata (2012–2013)
- Marco Aramayo (2014–2015)
Fue durante estas gestiones —y especialmente al inicio de la Dirección de Aramayo— que comenzaron a detectarse las irregularidades atribuidas a las decisiones del directorio a través de sus representantes de organizaciones sociales.
Una lluvia de recursos sin control (2006–2014)
En 2015, Nemesia Achacollo, en su calidad de ministra de Desarrollo Rural, informó en el Senado que entre 2006 y 2014 el Fondo recibió:
- Bs 3.197 millones del Estado
- De los cuales Bs 1.855 millones seguían en cuentas bancarias particulares.
El volumen de dinero era enorme y los mecanismos de control, débiles, de acuerdo con informes de la Contraloría que, además, demostraron que:
- Entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos sin concluir.
- Muchos carecían de carpetas técnicas.
- En varios casos no había evidencia física de obras.
- Los desembolsos se realizaban sin supervisión ni verificación de avances.
- Lo más grave: entre 2010 y 2013 se aprobaron 3.462 proyectos, pero solo uno llegó a concluirse.
La red de dirigentes involucrados
El caso salpicó a estructuras orgánicas afines al MAS. Entre los investigados o procesados estuvieron:
- Melva Hurtado (CIDOB)
- Hilarión Mamani (CONAMAQ)
- Damián Condori, Fernando Choque, Simeón Jaliri (CSUTCB)
- Ever Choquehuanca (CSCIB)
- Juanita Ancieta y Julia Ramos (Bartolinas)
La lista es extensa. Las pesquisas llegaron a más de 2.000 personas vinculadas con la ejecución de proyectos: dirigentes, técnicos, consultores y delegados ministeriales.
El estallido del escándalo y el daño económico
En 2015, la Contraloría confirmó un daño económico inicial de Bs 71 millones. El Gobierno intervino el Fondo y abrió investigaciones penales.
- Una década después: causas dispersas y justicia inconclusa
- A diez años del estallido, el panorama judicial sigue siendo difuso
- Muchos procesos no han concluido.
- El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, confirma que aún reciben notificaciones por causas pendientes.
- Algunas investigaciones avanzan lentamente e incluso se han extinguido por fallecimiento de imputados.
- Las responsabilidades de ministerios y autoridades de alto nivel nunca fueron esclarecidas del todo.
¿Cómo fue implicado el expresidente Luis Arce?
El nuevo director interino del Fondo de Desarrollo Indígena, Sergio Alan Barba, se apersono al proceso contra Lidia Patty, la exdiputada del MAS que ya está en prisión preventiva por este caso. De este modo se amplió denuncia contra. La demanda es por al menos cinco delitos planteados contra Luis Arce por los cuales sería imputado y cautelado en las próximas horas.
Arce es investigado en su calidad de ministro de Economía, de acuerdo con la demanda.
EL DEBER
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