Tras la aprobación el viernes en la Cámara de Senadores del proyecto de Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos (antes llamada Ley de Garantías), el MAS descartó que tenga la intención de convulsionar el país, pero busca frenar la persecución contra exautoridades, mientras que el gobierno habla de un “golpe constitucional”.
La aprobación en grande y en detalle fue realizada sorpresivamente. Los senadores del PDC y Demócratas, entre ellos Oscar Ortiz, abandonaron el hemiciclo argumentando que el tratamiento de esta ley no estaba en la agenda. Pese a ello, el MAS utilizó el ‘rodillo’.
El presidente de diputados, Sergio Choque, aclaró que la norma se aprobó primero en Diputados, sufrió cambios en Senado, así que volverá a ser tratada “en la siguiente semana”.
El diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos, afirmó ayer que la aprobación de la Ley de Garantías en el Senado “es un golpe constitucional contra el pueblo boliviano”, porque pretende convulsionar nuevamente al país y dejar impunes los delitos de terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, organización criminal y otros.
Advirtió que con esta ley, el MAS busca generar nuevamente conflictos sociales ante lo cual el Gobierno alista recursos legales para impedir la vigencia de esta ley. Sin embargo, el MAS la defiende con el argumento de ser una reafirmación de los derechos y garantías constitucionales, que no solamente beneficia a los bolivianos, sino también a extranjeros que radican en el país.
La diputada Sonia Brito expresó que “de ninguna manera, el MAS no quiere movilizaciones, no apostamos a la guerra. Sí queremos un estado de derecho, la CPE, la Declaración Universal de DDHH, las garantías. En este tiempo recrudeció la represión, hay detenidos que primero son puestos tras las rejas y luego les buscan cargos.
El sólo hecho de haber sido un servidor público, un director y viceministro ya es motivo para ser detenido y eso sólo se veía en la época de la dictadura militar. Anunciar casi 600 funcionarios y sus familias lo demuestra categóricamente, y por eso esta ley es necesaria”, afirmó.
Sin embargo, por la tarde el Pacto de Unidad aprobó en Oruro “movilizaciones pacíficas” desde el 20 de enero.
La presidenta del Senado, Eva Copa, garantizó que la norma no vulnera la Constitución y enfocó su importancia en el hecho de que el resarcimiento a las víctimas y heridos en los hechos de noviembre avanzó muy poco en el Ejecutivo. “Hay gente que sigue con la bala en el cuerpo, nuestra gente no tiene ni un peso para cubrir estos gastos”, aseveró.
El diputado Miguel Ojopi comentó que “lo que estamos viendo es que esta ley lo único que hará es proteger a personas que cometerán algunos hechos ilícitos de acción violenta. El MAS tomará acciones de ese tipo y esta norma protegerá precisamente a los que van a cometer esos actos”.
HECHOS
Recurso
La oposición alista un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional por incumplimiento del Reglamento General de Debates e inobservancia de la Constitución Política.
Mayoría
El senador Omar Aguilar (MAS) aclaró que los legisladores de su partido aprobaron el proyecto de Ley de Garantías, ahora llamada Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, ante el incumplimiento del gobierno de hacer conocer un criterio, hasta la primera semana de enero, sobre los artículos que comprometen recursos en favor de las víctimas y los heridos de Senkata y Sacaba.
El Deber
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