Las bancadas de oposición impugnarán la ley de garantías, ahora llamada de Cumplimiento de Derechos Humanos que el MAS aprobó en la Cámara de Senadores el viernes y que insiste en promulgar antes del 22 de enero con la advertencia de que si no se concreta volverán los conflictos sociales al país.
La ley de garantías surgió en el proceso de pacificación del país tras la convulsión social y política que se desató en Bolivia luego del 20 de octubre por la denuncia de fraude electoral que favorecía al expresidente Evo Morales. Sin embargo, en un inicio fue rechazada por el riesgo de beneficiar con “impunidad” a los actores que promovieron la violencia contra la población.
El senador Óscar Ortiz (UD) observó que la ley de garantías se haya aprobado sin tener los informes de la Comisión de Constitución y de los ministerios de Hacienda y Justicia. Reconoció que hay un acuerdo con los familiares de las víctimas del conflicto, con 35 fallecidos, pero dijo que es necesario el informe del Ministerio de Justicia “para asegurarnos que no haya un intento de dar protección a quienes han promovido hechos de violencia en el país después de las elecciones”.
Adelantó: “Vamos a impugnar porque primero en la Cámara de Senadores ha realizado una aprobación viciada de nulidad y eso le quita validez, están buscando quedar bien con sus bases”.
La diputada Shirley Franco (UD) rechazó la ley de garantías porque “pretende proteger a dirigentes y exautoridades del anterior Gobierno y eso nos parece intolerable”. Anunció que buscarán frenar su avance con medidas legales, debido a que el MAS tiene dos tercios para impulsar su aprobación.
La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció que si la presidenta interina constitucional, Jeanine Áñez, no promulga la normativa lo hará ella por el riesgo a que los conflictos vuelvan al país.
El diputado de oposición Gonzalo Barrientos denunció que la sorpresiva aprobación de la ley es un “golpe” a la Constitución Política del Estado y busca convulsionar nuevamente el país.
“Están actuando con mucha maldad, quieren convulsionar, a esta aprobación se debe sumar las declaraciones en sentido de que el 22 de enero tomarían decisiones”, dijo.
“Persecución”
El MAS apuró la aprobación de la ley por el presunto “recrudecimiento de la persecución política” que ha generado en contra de dirigentes, exautoridades, medios de comunicación y tres exministros de Evo Morales que están cercados por la Fiscalía, explicó la senadora Carola Arraya.
La legisladora considera que sólo se formalizó el acuerdo que firmó el Ejecutivo con el Pacto de Unidad para pacificar el país. Además, dijo que se priorizó su tratamiento, porque el periodo constitucional de la Asamblea Plurinacional termina el 22 de enero, debido a que aún no se conoce la respuesta constitucional sobre la ampliación de mandato.
El enfrentamiento en Senkata, en noviembre.APGCopa dice que ley no dará impunidad y advierte con retorno de los conflictos
REDACCIÓN CENTRAL
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La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, aseguró ayer que la recién aprobada ley de garantías constitucionales “no es una ley de impunidad” y tampoco “inconstitucional”. Sin embargo, advirtió que si no se promulga, los conflictos pueden volver al país.
“No podemos nosotros dejar de lado los acuerdos que firmaron el Gobierno de transición con estas organizaciones sociales, movilizadas en estas fechas (luego de la renuncia del expresidente Evo Morales). (…) Hermanas y hermanos entendamos, seamos tolerantes, no podemos permitir que el país nuevamente entre a un conflicto”, aseveró Copa.
Añadió: “Esta ley que se ha aprobado no tiene ningún artículo que defienda la impunidad. Al presidir la Asamblea Legislativa y la Cámara de Senadores he sido clara con mi posición, yo no voy a sacar ninguna ley que vaya en contra de la Constitución y que vulnere derechos, así lo voy a hacer”,.
Explicó que la norma tiene el objetivo de garantizar el resarcimiento de los daños a las personas que han perdido a sus seres queridos y garantizar la libertad de expresión para los sectores que deseen realizar reuniones, asambleas y cabildos.
La nueva ley eliminó el artículo 7 de la anterior propuesta. Y ahora prevé que los bolivianos y extranjeros que consideren que sus derechos vulnerados “a sola denuncia deberán activar las acciones de protección”.
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