El proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos obliga la investigación sobre las muertes y la represión en las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado. El texto reactiva el enfrentamiento entre oficialistas y opositores.
“El Ministerio Público abrirá una exhaustiva investigación sobre los hechos que derivaron en el arresto, la aprehensión, las lesiones y la muerte de personas en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019”, establece el artículo 6 (Investigación).
El documento, que consta de nueve artículos y dos disposiciones finales, fue aprobado la madrugada de ayer en una sesión que abandonaron los asambleístas de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), debido a que el tratamiento del proyecto no habría sido inscrito en la agenda, lo que generó malestar en parlamentarios.
“Esta ley garantiza el resarcimiento de los daños de las víctimas de los hechos de octubre y noviembre, asimismo, garantiza que los heridos puedan tener atención adecuada de salud. Ahora, si el Gobierno no lo quiere promulgar yo lo voy a hacer en torno a que este proyecto pueda garantizarnos la pacificación del país”, advirtió la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.
La asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) explicó que la propuesta legal no habla en ninguna parte de “tapar” procesos en contra de autoridades o exautoridades de ningún gobierno.
CIDH. El parágrafo II indica que las acciones investigativas podrán llevarse a cabo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea, la Iglesia Católica y la Asamblea Legislativa.
Copa aseguró que la Cámara de Diputados definirá si el texto es enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El diputado de UD Gonzalo Barrientos criticó la aprobación y aseguró que “es una maldad contra el pueblo boliviano” porque —en su criterio— con la ley se pretende convulsionar otra vez al país y dejar impunes los delitos de “terrorismo de Estado”. Dijo que alista recursos legales para impedir la vigencia de esta ley.
Luego de la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre del año pasado, los conflictos recrudecieron en el país. Al menos 19 personas fallecieron luego de operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 del mes en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto), respectivamente. La CIDH consideró que los hechos resultaron en una “masacre”, calificativo que cuestionó el Gobierno.
La Razón
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