Ahoradigital – El Gobierno de Rodrigo Paz dio el primer paso para cambiar las reglas de juego de las inversiones en Bolivia. El presidente remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones, una norma de 103 artículos que busca generar mayor seguridad jurídica, atraer capital nacional y extranjero y establecer límites a futuras nacionalizaciones o expropiaciones.
La propuesta es considerada por el Ejecutivo como la primera de las reformas estructurales que pretende impulsar para enfrentar la crisis económica y modificar las condiciones para la llegada de inversiones al país. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el proyecto fue ampliado durante su proceso de socialización: comenzó con 20 artículos y terminó con 103.
Según Espinoza, la iniciativa se sostiene sobre tres pilares. El primero busca convertir la inversión en un elemento habitual de la economía mediante incentivos y reglas que ofrezcan previsibilidad, estabilidad, confianza y seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros.
El segundo apunta a establecer condiciones de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, además de priorizar sectores que el Gobierno considera estratégicos para diversificar la economía, como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas, entre ellas el hidrógeno y la energía solar.
El tercer componente plantea ordenar la normativa vigente y crear un Sistema Nacional de Inversiones, encargado de coordinar las acciones de las distintas entidades públicas, desde el Gobierno central hasta las gobernaciones. La propuesta también contempla la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, que tendrá funciones de promoción, regulación y coordinación para atraer capitales.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto tiene que ver con las nacionalizaciones. El Gobierno plantea que una futura nacionalización o estatización no pueda ser decidida unilateralmente por el Ejecutivo. De acuerdo con la explicación del ministro, este tipo de medidas tendría que pasar por la Asamblea Legislativa mediante una ley de prioridad nacional y contemplar el reconocimiento del valor patrimonial de los bienes afectados.
El Ejecutivo sostiene que este mecanismo busca reducir la discrecionalidad política y dar mayores garantías a los inversionistas. Espinoza afirmó que la norma pretende establecer reglas claras sin necesidad de modificar la actual Constitución Política del Estado.
Sin embargo, la propuesta también genera cuestionamientos. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó dudas sobre la posibilidad de atraer inversiones sin abordar previamente aspectos constitucionales que, a su criterio, generan incertidumbre para los capitales.
El debate ahora se traslada al Legislativo, donde el proyecto podrá ser modificado durante su tratamiento. Para el Gobierno, la meta es conseguir un marco que permita recuperar la confianza de los inversionistas y convertir esa inversión en nuevas empresas, producción y empleo.
El desafío será demostrar que una nueva ley puede traducirse en inversiones reales en un país que atraviesa una fuerte crisis económica y que, según datos citados por Infobae a partir de la CEPAL, recibió en 2025 unos $us 620 millones de inversión extranjera directa, equivalente al 0,3% del total regional.
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