Un informe militar elaborado en septiembre de 2025 advirtió sobre el deterioro del material explosivo almacenado en el Regimiento Bolívar de Viacha, antes de las detonaciones.
El documento, citado por ANF, recomendó desactivar, incinerar o retirar los explosivos del recinto militar, debido al riesgo que representaba su avanzado estado de descomposición para las personas.
El comandante en jefe del Ejército, Héctor Alarcón, informó que el reporte fue elaborado por el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico.
Según Alarcón, el informe fue remitido al entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, con una advertencia sobre una amenaza real e inminente.
El jefe militar explicó que la inspección detectó daños visibles en la estructura física del material y alteraciones en sus componentes químicos almacenados.
El documento también identificó daños en los embalajes, desprendimiento de residuos y presencia de humedad interna dentro del material explosivo almacenado.
Estas condiciones fueron consideradas indicadores de degradación química y física, que incrementaban el riesgo durante las tareas de manipulación y almacenamiento del material.
El informe además advertía que los explosivos podían tornarse altamente inestables y susceptibles de provocar un incendio accidental dentro de las instalaciones militares.
El reporte señalaba que la descomposición podía generar daños materiales, lesiones personales o pérdidas humanas, debido al incremento del riesgo asociado al almacenamiento prolongado.
Pese a esas advertencias, los explosivos permanecieron almacenados en el Regimiento Bolívar de Viacha hasta las detonaciones registradas la semana pasada.
El hecho provocó nueve fallecimientos entre efectivos militares, dejó 84 personas heridas y mantiene a cinco personas desaparecidas, según información proporcionada por autoridades militares.
Además, las explosiones ocasionaron daños de consideración en más de 700 viviendas ubicadas en inmediaciones del recinto militar de la ciudad de Viacha.
A raíz de estos antecedentes, el Comando General del Ejército presentó una denuncia penal contra Novillo por homicidio culposo e incumplimiento de deberes.
La denuncia sostiene que el exministro omitió las recomendaciones contenidas en el informe de 2025 para desactivar o retirar el material explosivo.
La investigación deberá establecer si existió responsabilidad por la permanencia del material, las condiciones de almacenamiento y las decisiones adoptadas posteriormente.
El Ministerio Público abrió una investigación de oficio por homicidio culposo, lesiones graves y estragos, además de recoger declaraciones de al menos once testigos.
De manera paralela, el vicepresidente Edmand Lara presentó otra denuncia penal para esclarecer las circunstancias que provocaron las explosiones registradas dentro del recinto militar.
El antecedente de 2025 incorpora un nuevo elemento a las pesquisas, porque evidencia una advertencia previa sobre las condiciones del material almacenado.
La investigación deberá determinar ahora por qué las recomendaciones realizadas por los especialistas militares no derivaron oportunamente en el retiro del material.
La Razón






