Ante la negativa del Gobierno de acortar los plazos para la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023 y la reciente revelación del INE de que los resultados oficiales del proceso se conocerían un año después, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo ratifica que el paro indefinido anunciado para este 22 de octubre se mantiene firme.
“Los plazos están súper abultados y todo está forzado para llegar al 2024 y que los resultados recién se tengan en 2026 y esperar hasta 2028 para empezar a usar esos resultados en políticas públicas. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, no hay diálogo hasta que no se abrogue el Decreto Supremo 4760 y mientras no nos llegue la información a detalle del censo que justifique la ampliación hasta 2024”, señaló Manfredo Bravo, coordinador del Comité Interinstitucional.
“Si mantienen esa postura tendrán que aguantarse el paro indefinido del 22 de octubre y otras medidas que vendrán después del paro”, continuó Bravo.
Asimismo, el académico lamentó que el Gobierno y el INE hayan realizado la reunión de este martes en Santa Cruz para “repetir lo que ya conocemos”, ya que asegura que presentaron la misma explicación del pasado 15 de agosto.
“No hay voluntad de achicar los plazos porque esa es una decisión política del Gobierno. El discurso de que el censo es una cuestión técnica ya no se lo creemos porque han tomado decisiones políticas”, precisó.
En la misma línea, el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó de “burla para los más de un millón y medio de bolivianos que exigimos censo 2023 en el cabildo del 30 septiembre” que los resultados oficiales del censo se conozcan recién 12 meses después de la fecha de la encuesta.
“El censo no se puede postergar más. La ruta está marcada y el mandato del pueblo es clarísimo: Santa Cruz no va a permitir que el Gobierno pisotee nuestros derechos”, tuiteó el cívico.
José Luis Santistevan, abogado constitucionalista y miembro del Comité Interinstitucional, también reaccionó a la revelación del INE. “¿Qué dirán los aliados y alcahuetes del Gobierno del MAS, que son autoridades de Santa Cruz, que no recibirán los recursos de coparticipación tributaria municipal hasta el año 2026? ¿Cómo atenderán las necesidades de salud, educación y obras? ¿Les interesa también la representación política de Santa Cruz, que son derechos políticos e igualdad del voto, que tendrán que esperar hasta el año 2030?”, cuestionó en sus redes sociales.
A las 11:45 de este martes, el Gobierno instaló una «mesa técnica» en las oficinas de la petrolera estatal de Santa Cruz de la Sierra con especialistas del INE, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), además de representantes y técnicos de municipios de ciudades capitales y provincias.
Tal como lo anunciaron, ninguna autoridad miembro del Comité Interinstitucional asistió al encuentro. Quien sí estuvo presente fue el alcalde Jhonny Fernández, que aprovechó para entregar una carta al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, pidiendo acortar los tiempos para la realización del censo, pese a que, durante el encuentro, el Gobierno y sus expertos invitados sostuvieron que la fecha debe ser 2024.
Es más, Martha Oviedo, directora de censos del INE, desveló el calendario oficial, que establece que los primeros resultados del próximo Censo de Población y Vivienda 2024 serán entregados a partir de agosto de 2025, es decir 12 meses después del censo, y de ahí, de manera progresiva, hasta 2026 el resto de los “documentos especializados”.
EL DEBER
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