El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció que el presidente Rodrigo Paz habría instruido al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, a iniciar un proceso judicial en su contra como represalia por haber difundido los audios atribuidos al asesor político argentino Fernando Cerimedo.
“Yo tengo información del entorno del presidente, del entorno del ministro, que a mí me quieren armar un caso”, manifestó Lara ante los medios de comunicación.
El vicepresidente sostuvo que la supuesta instrucción presidencial tendría relación directa con las grabaciones en las que se escucha conversaciones atribuidas a Paz, Cerimedo y personas de su entorno familiar.
“Que el presidente le ha ordenado al ministro Oviedo y al viceministro Peter Maldonado que me armen un caso, que él no va a perdonar que yo haya hecho audios públicos donde él conversa con Cerimedo y su familia también”, afirmó.
Pese a esta advertencia, Lara aseguró que no tiene intención de abandonar Bolivia y que permanecerá en el país para defenderse ante cualquier eventual proceso judicial.

Cuestiona las investigaciones sobre los audios
Durante sus declaraciones, Lara también cuestionó el trabajo del Ministerio Público respecto a las denuncias que presentó por las grabaciones. Según afirmó, de las denuncias que hizo llegar a la Fiscalía solamente una fue admitida para investigación, pese a que aseguró tener más de mil audios.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente confrontación entre el vicepresidente y el entorno presidencial, después de que la abogada Nadia Beller, expareja de Cerimedo, acusara a Lara de haber filtrado las grabaciones.
Por su parte, Rodrigo Paz había planteado anteriormente que se investigue quiénes producen o filtran los audios, cuya autenticidad y contenido deben ser establecidos mediante las instancias correspondientes.
El caso de las grabaciones atribuidas a Cerimedo continúa generando tensión dentro del Gobierno y abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el presidente y su vicepresidente, mientras la Fiscalía tiene pendiente esclarecer el contenido de las conversaciones y las posibles responsabilidades que pudieran surgir.
Ahoradigital con información de Unitel




