La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de la Sociedad Civil de Bolivia, conformada por 11 instituciones en todo el país, presentó ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, un Informe Alternativo respecto a la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, en el que, entre otros temas, planteó que el país requiere una ley integral contra la tortura, ya que carece del mismo.
El contenido de dicho informe fue difundido en ocasión de conmemorar el Día internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, y afirma que existe en Bolivia una ausencia de garantías procesales, detenciones arbitrarias e ilegales.
Asegura que el ciudadano boliviano está expuesto a situaciones de incomunicación al momento de la detención y es privado de su libertad “en celdas infrahumanas”. Además, que parte del “sistema represivo” son las detenciones preventivas de forma desmedida, que llegan a 65,41%, en tanto que el hacinamiento en las cárceles es de 264%.
“La justicia boliviana no documenta, investiga y procesa cuando una víctima presenta denuncias de tortura. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), subordinado al Ministerio Público, no cumple con sus funciones. Bolivia ha ratificado la Convención, pero las víctimas de tortura nunca se han beneficiado de medias de reparación por parte del Estado”, señala una nota de prensa.
El informe fue entregado por Emma Bolshia Bravo y André Gautie, miembros del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI-ONG-boliviana) quienes visitaron el pasado 23 de noviembre la sede del CAT en Ginebra, Suiza. La propuesta de las organizaciones civiles considera necesario recomendar al Estado boliviano garantice que toda denuncia de tortura sea investigada de forma exhaustiva, sancionada y reparada de forma integral para poner fin a la impunidad.
Para los casos de obstrucción policial-judicial, se debe crear una comisión civil y política dependiente de la Defensoría del Pueblo”. También recomendó “crear una Fiscalía especializada en materia de Derechos Humanos; garantizar la independencia investigativa al IDIF y crear una sección especializada en la defensa pública para víctimas de tortura y otros malos tratos”.
Por otra parte, el Informe Alternativo señala también que, a la fecha, las Fuerzas Armadas no armonizaron su Ley Orgánica con la Constitución para abordar cuestiones de discriminación y otras violaciones de derechos humanos dentro de la institución castrense, “como la tortura, los malos tratos, el racismo y la desigualdad de derechos”.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, se informó que existe una prevalencia de la violencia doméstica e impunidad en Bolivia, donde 75% de las mujeres son víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja.
El dato alarmante de que en promedio se produce un feminicidio cada tres días y medio y que en algunos casos existe una denuncia previa.
En este caso se recomendó incrementar los recursos humanos y financieros de las instituciones del Estado encargadas de combatir la violencia contra las mujeres, tanto en prevención como de acceso a la justicia y cumplir con la investigación de todas las denuncias con la debida diligencia, sancionar a los agresores y reparar integralmente a las víctimas.
El informe observa también la falta de infraestructura, equipamiento y medicamentos para caso de aborto legal, el desconocimiento de la normativa, demoras injustificadas, exigencias arbitrarias de requisitos adicionales y la objeción de conciencia colectiva.
Respecto a las recomendaciones del CAT para el Estado boliviano, el Comité otorgó el plazo de un año, hasta el 3 de diciembre de 2022, para que Bolivia proporcione información sobre el grado de cumplimiento de los encargos emitidos.
Erbol
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