El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, presentó en Que No Me Pierda un informe detallado sobre múltiples procesos de investigación que apuntan a una red de corrupción estructurada en diversas entidades públicas durante la administración pasada. Las pesquisas incluyen sobreprecios en la Aduana Nacional, enriquecimiento ilícito en YPFB y redes de extorsión en la ANH y la Caja Nacional de Salud.
Escándalo en la Aduana: Sobreprecios y «maquillaje» de contratos
Uno de los focos principales de la investigación se centra en la Aduana Nacional, bajo la gestión de la exautoridad Karina Serrudo. El viceministro detalló irregularidades en la compra de terrenos y equipos tecnológicos que habrían generado un perjuicio millonario al Estado.
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Terrenos en Tarija: García señaló que un predio adquirido por 2.700.000 bolivianos fue tasado posteriormente por una consultora en solo 1.400.000. «En algunos años este terreno se había depreciado, entre comillas, 1.300.000 bolivianos», afirmó la autoridad.
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Escáneres con sobreprecio: La denuncia apunta a que se adquirieron equipos por 25 millones de bolivianos cada uno, pese a existir ofertas por 19 millones. «Se ha identificado también un presumible daño económico de más de 5 millones de bolivianos en cada uno de los escáneres», explicó.
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Modificaciones de contratos: El viceministro reveló que se redujo el espesor de vidrios de fachada de 10 a 6 mm en un proyecto, pero el costo subió. «Sin embargo, en vez de reducir el costo, se le había aumentado en 1.800.000 bolivianos», sentenció.
El «Modus Operandi» en Entidades Estratégicas
García fue enfático al señalar que estas prácticas no eran aisladas. Según las investigaciones, se habría «institucionalizado la corrupción en las entidades públicas» mediante estructuras de extorsión y enriquecimiento ilícito en diversas áreas:
1. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH):
Se identificó una red que cobraba hasta $us 20.000 para renovar licencias de estaciones de servicio. «Había una estructura de funcionarios de alto rango que extorsionaban a las personas», señaló García, añadiendo que el crecimiento económico injustificado de estos funcionarios suma más de 2,8 millones de bolivianos.
2. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB):
Se investiga a un exdirector de contrataciones que, en solo dos años, registró un incremento patrimonial de más de 15 millones de bolivianos. «Este hecho ha sido presentado ante el Ministerio Público», confirmó el viceministro.
3. Caja Nacional de Salud (CNS):
Se detectó la venta de ítems y cobro de coimas. Al respecto, García detalló que un exgerente adquirió dos departamentos y una casa sin respaldo financiero legal: «Esto penalmente se configura como presumible enriquecimiento ilícito».
Obstaculización en Aduana
Respecto a la situación jurídica de la exejecutiva de la Aduana, el viceministro advirtió sobre posibles maniobras para frenar el avance de la justicia, mencionando que la exautoridad presentó documentación que no coincide con los registros oficiales del SICOES.
«O bien esta exautoridad tiene documentación oficial en su poder o bien existen todavía funcionarios que le están facilitando documentación de manera informal, por lo que esto también se configura en peligro de obstaculización», advirtió García.
Finalmente, el Viceministerio de Transparencia confirmó que se ha sumado a la investigación del denominado «Caso Maletas» y que continuará utilizando el sistema SIIARBE para rastrear el flujo financiero detrás de las irregularidades administrativas. «Tenemos muchísimo todavía por investigar hacia adelante», concluyó.
Fuente: Red Uno
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