El senador Óscar Ortiz presentó este martes su informe de fiscalización respecto al caso CAMC, en el cual se concluye que hubo favorecimiento e impunidad para la empresa china, y que además no se avanzó en el proceso penal ni hubo una auditoría.
“Tres años después, el proceso no avanza. La Contraloría General del Estado, a quién el presidente en una conferencia prensa con muchos medios le pidió públicamente que haga una auditoría a estos contratos, nunca hizo la auditoría. La Fiscalía no tiene ningún detenido. Los funcionarios representantes de CAMC responsables de este contrato se fueron del país antes de que las Fiscalía tomé cualquier medida”, aseveró Ortiz.
El informe presentado por el senador consta de 39 páginas, en la cuales se analizan los informes que recibió de diferentes entidades sobre la contratación de CAMC para la construcción de la línea férrea Bulo Bulo-Montero y el proceso investigativo que se realiza al respecto.
El caso fue es investigado porque en febrero de 2016 se reveló que la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, era gerente de la empresa china que tenía contratos multimillonarios con el Estado, incluyendo la línea férrea, obra que incumplió y por la cual se le ejecutó boletas de garantía.
En su informe, Ortiz señala que las irregularidades en este proyecto se dieron desde su licitación, por ejemplo con 39 enmiendas, la aceptación de un formulario de CAMC de forma extemporánea y la modificación del Documento Base de Contratación cuando ya se contaba con la empresa adjudicada.
También observó que se haya roto el contrato con CAMC más de un año después de la tercer llamada de atención, que era la momento estipulado para rescindir el vínculo. Señaló que esa tardanza permitió que CAMC se adjudique dos contratos más con el Estado Boliviano por 243 millones de dólares.
Menciona además que la empresa china contrató al abogado Wilfredo Chávez, quien fuera Ministro de Gobierno y actualmente es Viceministro de Seguridad Ciudadana, para evitar que las boletas de garantía fueran inicialmente ejecutadas.
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Respecto a las investigaciones, el informe de Ortiz señala que la “Contraloría General del Estado decidió desatender el pedido del presidente del Estado, enviado mediante carta el 10 de febrero de 2016, en la cual solicita investigar los procedimientos administrativos de estos procesos de contratación”.
Respecto a la Fiscalía, indica que “se direccionó la investigación a los representantes de la CAMC que ya no se encontraban en el país, dejando de lado a los funcionarios públicos que participaron en este proceso de contratación, no obstante los dos informes de la Comisión de Investigación que evidencia indicios de responsabilidad penal en contra de estos funcionarios”.
Ortiz afirmó que hay una protección total a la empresa china. Señaló que en sus peticiones de informe las entidades estatales se responsabilizan mutuamente por la falta de avance del proceso.
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