El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, dijo que la Ley 1720 de reconversión de tierras se consensuó a nivel nacional; sin embargo, su aplicación es objeto de uso político, lo que derivó en malas interpretaciones y conflictividad.
El martes, el sector productor cruceño aceptó la abrogación de la Ley 1720 durante una reunión sostenida con el presidente del Estado y tres ministros de su gabinete.
“La posición nuestra es que esta ley está trabajada y consensuada a nivel nacional… es una ley ventajosa”, dijo en Red Uno.
Y agregó: “En la reunión el mismo presidente manifestó que es una ley buena que debería seguir adelante, pero también que ha sido utilizada políticamente generando los bloqueos».
Asimismo, el dirigente avicultor explicó que en el encuentro del martes participó también el presidente del Senado, Diego Ávila, quien propuso la inclusión de dos artículos que establecen un proceso de transición legislativa.
Nueva ley
Según explicó, se planteó que la Cámara de Senadores trabaje en un plazo de 60 días una nueva ley, incorporando observaciones y procesos de socialización, además de trasladar el trabajo a comisiones agrarias departamentales.
El martes, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para abrogar la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, aunque introdujo modificaciones en sus disposiciones transitorias y devolvió el texto a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.
Ávila, informó que ahora corresponde a Diputados “considerar las modificaciones introducidas en esta cámara”, luego de la votación mayoritaria registrada en el pleno.
La principal modificación establece que la Cámara de Senadores, en coordinación con Diputados, deberá concertar y proponer en un plazo máximo de 60 días un nuevo marco normativo relacionado con la reconversión voluntaria de tierras.
La Ley 1720 de Conversión de Tierras se promulgó el 10 de abril de 2026, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la clasificación de pequeña propiedad titulada a propiedad.
Se trata de la norma cuestionada por distintos sectores sociales que mantienen movilizaciones y protestas en el país.
La Razón
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