Las decisiones judiciales de anular los procesos contra la expresidenta, Jeanine Áñez y los altos jefes militares y policiales involucrados en los luctuosos hechos de octubre de 2019, llevaron a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) a alertar sobre un eventual retroceso en la justicia en Bolivia.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”, señala parte de un comunicado que fue publicado este viernes.
El 25 de agosto de este año, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto que juzgaba a Áñez y otros jefes militares por el caso Senkata declaró su incompetencia para seguir con el juicio ordinario y cinco días después le seguiría el Tribunal de Sentencia de Sacaba que adoptó la misma decisión para el caso del mismo nombre.
Esta revisión de los juzgados fue en atención a la instructiva que sacó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó revisar la legalidad del tiempo de detención preventiva que tenían la expresidente, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excívico, Marco Pumari.
Las dos entidades multilaterales instaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de los fallos judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y apremió al Estado a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
“Estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos”, señala otra parte del comunicado.
El Deber
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