El Consejo de la Magistratura, bajo una nueva presidencia, suspendió ayer la “Convocatoria interna nacional Nº 29/2022” dirigida a 489 jueces en el país, denominados “transitorios”. Este proceso fue impulsado en agosto por el consejero observado Marvin Molina y el ministro de Justicia, Iván Lima; no obstante, luego de los audios reveladores los jueces exigieron que se anule el proceso.
“El Consejo de la Magistratura comunica que, por disposición de la sala plena de la presente fecha (ayer), al existir acciones constitucionales en curso, se suspende la Convocatoria interna nacional Nº 29/2022”, señala el escueto comunicado emitido por la Dirección Nacional de Recursos Humanos de esa instancia judicial del país.
La suspensión ocurre una semana después de que el consejero Marvin Molina renunció a la presidencia de la Magistratura y fue reemplazado por Mirtha Meneses, quien hasta ahora negó dar declaraciones a la prensa.
El comunicado no detalla si la “sala plena” —que sólo tiene tres miembros— contó con el voto de Molina o fue suficiente con el del consejero Omar Michel.
Esa convocatoria fue anunciada el 26 de agosto en el titular de Justicia y Molina. “La transitoriedad termina en Bolivia este año, con una regla de transparencia absoluta y con el concurso del pueblo boliviano”, anunció el titular de la cartera de Justicia.
Lima decía que ésta era una respuesta “contundente” a las observaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, afirmó que esa convocatoria, además de que nunca fue consensuada con los directos interesados, carecía de toda transparencia y vulneraba los derechos fundamentales de los jueces de carrera.
Uno de los principales cuestionamientos fue el sistema de calificaciones que señalaba que el puntaje mínimo de aprobación era 70 puntos, cuando para los postulantes externos era de 51 puntos, además que la etapa de entrevistas —ponderada con 20 puntos— se prestaba a la manipulación de las notas por los criterios subjetivos en la valoración de los jurados.
Organizaciones de derechos humanos y legisladores de oposición se sumaron a los cuestionamientos, que además exigían que el consejero Molina renuncie a la Magistratura y se someta a un proceso penal por incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. Los jueces de varias regiones del país se declararon en emergencia y anunciaron que retirarían sus postulaciones.
Marcelo Barrios, juez de Chuquisaca, señaló la pasada semana que con el audio publicado por Página Siete, el domingo 2 de octubre, en el que se escucha a Molina y al diputado Antonio Colque (MAS) hablar sobre una “repartija de cargos” en el Órgano Judicial, “se ha demostrado que la única finalidad que tenía la convocatoria (29/2022) era la de reemplazar a los jueces de carrera por allegados políticos”.
“El consejero Molina está coludido con el poder político y eso es grave para cualquier sociedad democrática”, manifestó.
En efecto, en el audio se revela que el expresidente de la Magistratura coordinó con al menos nueve legisladores del MAS y el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, la designación de jueces en ese departamento.
Molina confirmó la veracidad de los audios y reveló que las grabaciones corresponden a reuniones que tuvo con el legislador en noviembre de 2021.
Pese a su respaldo a la convocatoria, luego de revelado el audio, el Ministerio de Justicia, a través del viceministro César Siles, señaló que esa cartera de Estado respetaba la independencia de poderes y dejaba en manos de la Magistratura la atención de las observaciones de los jueces.
Amabol informó a Página Siete que se presentaron acciones constitucionales contra la convocatoria en Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Cochabamba, y que varias audiencias habían quedado suspendidas.
Los argumentos
Casos La presidenta de Amabol, Grenny Bolling, informó que, además de las irregularidades en el sistema de calificaciones, entre los argumentos para pedir la suspensión de la Convocatoria 29/2022 están casos de jueces que piden la inamovilidad laboral por contar con diagnósticos de enfermedades terminales y de otros que tienen familiares con ciertos grados de discapacidad.
Tomado de Página Siete
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