La Fundación Jubileo planteó ocho puntos para ajustar la política hidrocarburífera que deben estar plasmados en una nueva ley sectorial, algo que viene siendo sugerido por investigadores, analistas e instituciones desde hace 14 años, cuando fue promulgada la nueva Constitución Política del Estado (CPE), destacó Jubileo.
“Es importante resaltar que los efectos de una eventual nueva política hidrocarburífera se darán en el mediano y largo plazo, ello por las características propias del sector; asimismo, una nueva ley sectorial debe ser ampliamente debatida con el conjunto de actores involucrados, tanto desde un punto de vista sectorial como de los beneficiarios de la renta hidrocarburífera”, dijo uno de los extractos del informe Consecuencias de las Decisiones de Política Hidrocarburífera y Propuestas de Cambio de la Fundación Jubileo.
Las propuestas son:
1. Generar entorno de negocio. Esto con el objetivo de atraer y viabilizar la inversión, tanto internacional como nacional, lo que implica disminuir el riesgo país para la inversión, equilibrar los principales indicadores macroeconómicos, restablecer la suficiencia de divisas y garantizar la seguridad jurídica. También hace referencia a la situación regional y mundial con el calentamiento global, siendo la quema de combustibles fósiles una de sus principales causas, por lo que existe el compromiso de promover una transición energética con énfasis en el desarrollo de proyectos renovables.
2. Institucionalidad. Alentar la misma en el sector público, esto debido a lo sucedido en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las denuncias de injerencia política en su gestión. Proponen realizar una reingeniería sectorial, definiendo roles institucionales claros para cada una de las entidades públicas involucradas en el sector hidrocarburos.
3. Transparencia y acceso a la información. Se tiene que establecer políticas informativas que tienen que ser aplicadas al sector hidrocarburos, definiendo la información que debe ser publicada, los medios, plazos y sanciones frente a incumplimientos.
4. Condiciones previas. Disponer de las mismas sobre el respeto al ordenamiento territorial en coordinación entre los niveles central y departamental para la declaratoria de áreas de reserva hidrocarburífera, así como el cumplimiento de la consulta previa y la definición de criterios de selección de las empresas, entre otros aspectos.
5. Contratos. Se tienen que determinar las características de los acuerdos para la exploración y explotación, siendo prioritaria la obligación de la reposición de reservas hidrocarburíferas. También se tienen que definir las condiciones mínimas para los contratos, determinar plazos de vigencia, definir mecanismos de resolución de controversias, determinar infracciones y sanciones, además de fijar disposiciones sobre la contratación de personal, compra de bienes y servicios producidos, entre otros.
6. Mercados. Se tienen que ajustar sus condiciones y eliminar la distorsión de precios en el mercado interno, que significa refocalizar la subvención estableciendo bandas de precios y manteniendo precios bajos para la población más vulnerable.
7. Régimen fiscal. La nueva ley de hidrocarburos debe establecer que el precio de comercialización del gas natural para proyectos de industrialización será regulado por la ANH con base en los precios vigentes en el mercado.
8. Uso de la renta hidrocarburífera. Se tiene que utilizar la misma dentro del régimen autonómico vigente, promoviendo fondos de desarrollo productivo y de ahorro, además de la estabilización en el ámbito subnacional. Esto con el objetivo de disminuir la dependencia fiscal y económica de la explotación de hidrocarburos.
El Deber
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