El procurador general del Estado, César Siles, señaló que investiga el gasto de $us 16 millones de su antecesor, Wilfredo Chávez, en la contratación de abogados en 13 procesos y no descartó la posibilidad de iniciarle un proceso si es necesario.
Mientras realizaba el anuncio, el abogado Chávez presentaba a la Fiscalía General, en Sucre, a nombre del expresidente Evo Morales, un audio del hijo del presidente Luis Arce, en el que supuestamente dice que su padre le encargó el negocio boliviano del litio y pidió que se investigue el hecho como un caso de corrupción familiar.
Siles señaló que son $us 16 millones que se han pagado a abogados internacionales específicamente en 10 procesos arbitrales, dos de Derechos Humanos y uno ante el Tribunal Andino de Justicia.
Aseguró que por la cláusula de confidencialidad no podía revelar nombres, montos específicos, “pero esos datos vamos a procesar con información que requiere conocer el pueblo cumpliendo los mandatos específicos, como lo dije en el acto de posesión, el 6 de septiembre”.
Cuando los medios le preguntaron si es que iniciará un proceso judicial en contra de Chávez, la autoridad respondió afirmativamente, en caso de que la investigación sustente que se cometieron delitos, aseguró.
Reiteró que su mandato específico es hacer gestión y el más importante generar cambios y resultados de anteriores gestiones, “no solamente en la del doctor (Wilfredo) Chávez. Pero hay cosas que seguramente tienen que revisarse. Se harán las auditorías, los informes que correspondan”.
Garantizó que se llevará a cabo este trabajo con total rigurosidad, para que “no se escape absolutamente nada. Estamos iniciando una gestión y encontramos cosas que no se han hecho bien, como otras que hay que volverlas a hacer”. En síntesis, no destacó absolutamente nada de la gestión de Chávez.
“Hemos encontrado una Procuraduría bastante hermética, cerrada, poco transparente y queremos plantear otra política del manejo de esta oficina, que sea de cara al pueblo, de cara al debate y al sufragio público. La información es muy escasa. Eso debe cambiar, queremos que sea transparente en esa área priorizando su rol de supervisión”, manifestó.
Mencionó que por citar un ejemplo, de los casi 90 casos “que encontramos en la subprocuraduría de supervisión con intervención, apersonamiento efectivo de la Procuraduría, entendemos que al menos el 30% no requería un apersonamiento o intervención”.
Por su parte, el senador ‘evista’ William Torrez manifestó que “el Ministerio Público, si es que se presenta una denuncia, tiene que investigar de forma inmediata, incluso de oficio, igual que en el caso de las presuntas denuncias de corrupción en contra del hijo del presidente Luis Arce, realizadas por el expresidente”.
Complementó que “se deja ver que la denuncia del procurador tiene sabor a defensa, pero atacando, y eso no es correcto, genera sospechas de que no hay intencionalidad de esclarecer nada”.
El analista Gregorio Lanza comentó que la gestión de Chávez fue política e incurrió en errores claves. Primero, por promover un reconteo de votos para intentar descartar el fraude en 2019. El segundo fue meterse en el caso de pederastia de la Iglesia católica en Bolivia, “que no correspondía a sus funciones”. El tercero, según Lanza, poner a disposición las oficinas de la Procuraduría para supuestas reuniones en las que, según la alcaldesa Eva Copa y la Asamblea de la Alteñidad, se confabulaba en contra de su gestión y la del presidente Luis Arce.
Desde entonces, ambas instancias pidieron la renuncia de Chávez y solicitaron que en su lugar vaya un alteño. Este miércoles, eso fue precisamente lo que sucedió.
Bolivia perdió 11 juicios arbitrales vinculados a la nacionalización de hidrocarburos en el primer gobierno de Evo Morales, lo que supone la pérdida de unos $us 1.000 millones, además de tres procesos arbitrales y uno de la Comunidad Andina de Naciones durante la gestión de Chávez, recordó el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas.
El diputado ‘arcista’ Rolando Cuéllar comentó que la gestión de Wilfredo Chávez en la Procuraduría “no fue buena. Se han perdido muchas demandas como Estado”.
En su carta de renuncia, Chávez señaló que se fue “por la puerta grande, junto a mi equipo de abogados que ejerció defensa suya, y con quienes con varias acciones de defensa logramos preservar la personalidad jurídica del MAS IPSP por la que usted es ahora presidente”, señala en su carta el ex abogado del Estado.
“Yo debo retornar donde mis servicios son valorados y requeridos, en el foro y la academia, pero sobre todo en las calles, así como en las jornadas de noviembre de 2019, cuando decidí salir de la comodidad del asilo a la defensa legal de mis hermanos”, acusa más adelante en la misiva.
El Deber
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