El presidente Rodrigo Paz lanzó una advertencia al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y cuestionó su actuación durante anteriores gobiernos, al pedirle que contribuya a proteger a la población frente a los bloqueos y hechos de violencia.
“Una advertencia al Defensor del Pueblo electo en el pasado: nunca lo vi hablar en el pasado, nunca. Ahora habla”, manifestó el mandatario el lunes, durante declaraciones realizadas en Santa Cruz.
Paz sostuvo que la institución defensorial debe contribuir al cumplimiento de las normas y la Constitución, además de proteger a quienes buscan trabajar y plantear sus diferencias mediante el diálogo.
“Bien por él, bien por el cumplimiento con la Constitución y el Estado, pero también que ayude a las normas y a las leyes, a proteger a los hombres y mujeres de bien que quieren salir adelante, que quieren trabajar”, expresó.
La advertencia surge ante los anuncios de movilización
Las declaraciones del presidente se producen en medio de los anuncios de movilizaciones de sectores afines a Evo Morales, que cuestionan las medidas económicas del Gobierno y anunciaron acciones de protesta desde este martes 13 de octubre.
Paz reconoció que la ciudadanía tiene derecho a movilizarse y expresar sus demandas, pero marcó una diferencia entre la protesta y el bloqueo de carreteras.
“Si alguien quiere movilizarse tiene todo el derecho a la protesta, a levantar la voz, pero lo que no tiene es el derecho a bloquear, porque eso le hace daño a la gente”, afirmó.
El mandatario también cuestionó las manifestaciones que, según dijo, recurren a los insultos, las pedradas y acciones que ponen en riesgo la vida de las personas.
¿Por qué cuestiona al Defensor del Pueblo?
Paz hizo referencia a la elección de Pedro Callisaya en 2022, durante el anterior Gobierno, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El pronunciamiento del presidente se produjo después de que Callisaya difundiera un mensaje por el Día de la Democracia, el 10 de octubre, en el que llamó a fortalecer las instituciones, garantizar una justicia independiente, respetar las diferencias y evitar la criminalización arbitraria de la protesta.
La Defensoría del Pueblo tiene entre sus atribuciones la promoción y protección de los derechos humanos, así como la vigilancia de la actuación de las instituciones públicas. Su mandato incluye la defensa de las libertades y garantías constitucionales, incluso durante situaciones de excepción.
El cruce de declaraciones se produce en un escenario de tensión política, con anuncios de movilizaciones y cuestionamientos sobre la respuesta estatal ante las protestas. El desafío será garantizar tanto el derecho a la manifestación pacífica como la protección de la población frente a posibles hechos de violencia y las consecuencias de los bloqueos.
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