En medio de una avalancha de críticas que incluso han llegado de organismos internacionales y pese a que en primera instancia defendió la disposición, la presidenta Jeanine Áñez se reúne este jueves con su gabinete de ministros para “analizar” el Decreto Supremo 4231 que restringe la libertad de expresión.
Así lo anunció la tarde del miércoles el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consultado precisamente sobre la reciente postura de la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Decreto
Con el argumento del combate a la desinformación en la pandemia por el coronavirus, Áñez promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo 4231. Su “disposición adicional única” fue duramente cuestionada por gremios de periodistas, instituciones de derechos humanos del país, facultades de comunicación y agrupaciones de artistas y caricaturistas, entre otros.
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, señala el parágrafo II de la disposición adicional única del decreto en cuestión.
“Nos hemos pronunciado sobre este decreto ayer (por el martes), sin embargo, vamos a analizar mañana (por este jueves) en nuestro gabinete, cual es la respuesta que nosotros vamos a tener”, anunció Núñez.
Como lo hizo en los días pasados, el titular de la Presidencia insistió que el Gobierno de Áñez “respeta” la libertad de expresión.
Defensa
El martes y mediante un comunicado, el Gobierno insistió en que ese derecho constitucional “puede estar sujeto a ciertas restricciones” e invocó normas internacionales como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) para defender el decreto que —aseguró— solo busca “castigar a los perpetradores” de falsas noticias.
Sin embargo, horas después a través de Twitter, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reclamó con contundencia la urgente modificación del Decreto Supremo 4231 “para no criminalizar la libertad de expresión”.
“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, reseña uno de los varios mensajes que publicó el organismo.
Pero las críticas también llegaron de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del director para las Américas de Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), José Miguel Vivanco.
La Razón
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