Ante una ola de reclamos, tanto a nivel internacional como nacional, el gobierno de la presidenta Jeanine Añez decidió derogar los artículos de tres decretos supremos que restringían la libertad de expresión en el país.
La información fue dada a conocer por el representante de la misión permanente ante la OEA en Washington, Jaime Aparicio, mediante una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mediante su cuenta de Twitter.
“La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, saluda muy atentamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y comunica que el día de hoy el Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo 4236, en atención a ciertas inquietudes respecto a la interpretación de los Decretos promulgados en el marco de la Emergencia Nacional y Declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus” ha derogado los artículos considerados restrictivos dijo Aparicio en su misiva.
Los artículos eliminados son: la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4231, de 7 de mayo de 2020; el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020; el Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020.
“La derogatoria de dichos artículos no abandona el compromiso del Estado de precautelar los valores fundamentales de seguridad pública, orden y salud públicos, en el marco de los derechos humanos y la libertad de expresión, así como el deber de proteger el valor supremo de la vida y la seguridad de los bolivianos, ante las amenazas de violencia y los atentados contra la cuarentena que promueve diariamente el ex Presidente Evo Morales y sus seguidores”, agrega la carta.
La presidenta Añez promulgó el DS 4231, que fue dado a conocer el domingo 10 de mayo, en el que amenaza con sancionar la “desinformación” que genere “incertidumbre” sobre la pandemia ya sea en forma escrita, impresa o artística. La norma se amparaba en la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada hace dos meses.
El DS 4231 precisaba, con respecto a los decretos 4200 y 4199 que las personas desinformaban podían ser demandadas ante el Ministerio Público y responder no solamente por delitos contra la salud sino por otros que puedan calificar los fiscales.
Las penas de cárcel iban de uno a 10 años.
Protestas
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras entidades de periodistas, además de dirigentes políticos como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, rechazaron las medidas restrictivas la libertad de expresión.
La ANPB y la APLP dejaron establecido que un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas y que garantiza el ejercicio del derecho humano y fundamental a la libertad de expresión.
Bolivia hace propicia la oportunidad para renovar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las seguridades de su distinguida consideración. Washington D.C., 14 de mayo de 2020.
A nivel internacional, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y el capítulo para las Américas de Human Watch Rights también criticaron esas normas y exigieron que fueran derogadas.
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