La presidenta Jeanine Añez volvió a posesionar este miércoles a Alberto Javier Morales Vargas, como procurador General del Estado, luego que el pasado 8 de octubre la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), le notificara con la cesación del cargo por incumplir con los requisitos para asumir esa función.
Morales asumió el cargo en septiembre, en lugar de José María Cabrera, y el 8 de octubre fue notificado con la resolución del Legislativo que objetaba su designación porque supuestamente participó de un proceso contra el Estado.
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Calificó rechazó el argumento del Legislativo porque la última actuación procesal suya fue el 1 de septiembre de 2015 en una acción de amparo constitucional, y su nombramiento fue el 17 de septiembre de 2020, por tanto, el supuesto impedimento legal estaba fuera de tiempo.
El procurador reveló el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que alerta sobre los movimientos económicos “irregulares” del candidato del MAS, Luis Arce, en los 12 años como ministro de Economía de Evo Morales.
“La UIF evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia”, dijo entonces Morales.
En ese sentido, Morales indicó que las irregularidades identificadas son: los traspasos de recursos de fuentes ilícitas; flujos de dinero desconocido vinculados a su cargo; un incremento desproporcionado de los patrimonios, los cuales son compatibles con el delito de enriquecimiento ilícito.
El documento de la investigación fue notificado a la Procuraduría y a la Fiscalía el 24 de septiembre de este año.
Los movimientos irregulares son parte de los hallazgos realizados en el marco de las investigaciones orientadas a establecer las responsabilidades en el desfalco del desaparecido Fondo de Desarrollo Indígena.
El Procurador señaló que los movimientos irregulares ascienden a aproximadamente seis millones de bolivianos.
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