Ahoradigital – El presidente Rodrigo Paz planteó que las Fuerzas Armadas (FFAA) asuman un papel activo en la lucha contra el crimen organizado y advirtió que estas estructuras representan una amenaza para la seguridad, la democracia y las instituciones del Estado. El anuncio abre un nuevo debate sobre el alcance de la participación militar en las tareas de seguridad interna.
“Si queremos producir o desarrollarnos, nuestras Fuerzas Armadas también tienen que ser parte de la construcción de una seguridad para salvar a la patria del crimen organizado”, afirmó el mandatario el martes 13 de octubre, durante los actos por el 53 aniversario de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo, en Cochabamba.
Las declaraciones fueron difundidas por Urgente.bo, El Deber, La Razón, Red Uno y Visión 360, medios que destacaron el llamado presidencial a involucrar a la institución militar en una estrategia más amplia contra las organizaciones criminales.
El Gobierno busca ampliar la participación militar
Paz sostuvo que el crimen organizado no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino que también puede debilitar las instituciones y aprovechar escenarios de conflictividad para extender sus operaciones.
En esa línea, el Gobierno impulsa propuestas normativas destinadas a reforzar la respuesta estatal frente a estas organizaciones. Entre las iniciativas presentadas en el ámbito del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) figura una propuesta para contemplar la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
El alcance de esa participación dependerá de las normas que finalmente se aprueben y de los mecanismos de coordinación que se establezcan con la Policía Boliviana y las demás instituciones responsables de la seguridad pública.
La Armada y el control de las rutas fluviales
Durante su intervención, el Presidente también destacó la importancia de fortalecer las capacidades de la Armada Boliviana para vigilar los ríos y otras vías que pueden ser utilizadas para el transporte ilegal de drogas, armas y mercancías.
El planteamiento apunta a aprovechar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para impedir que las organizaciones criminales utilicen el territorio nacional como plataforma para sus actividades.
El desafío será definir cómo se ejecutarán estas operaciones, qué competencias tendrá cada institución y bajo qué controles se desarrollarán las acciones contra las redes delictivas.
Un debate sobre seguridad y legalidad
La propuesta presidencial llega en un contexto de preocupación por los hechos de violencia y las investigaciones sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos.
La participación militar en tareas de seguridad interna, sin embargo, requiere reglas claras sobre sus atribuciones, la coordinación con la Policía y el respeto a los derechos fundamentales. La Constitución y las leyes vigentes delimitan las competencias de cada institución, por lo que cualquier ampliación de funciones deberá ajustarse al marco legal.
Por ahora, Paz ha expresado su posición política a favor de una intervención más activa de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Queda por conocer el contenido definitivo de las propuestas normativas y las condiciones bajo las cuales se aplicarán.
La pregunta central es si el Gobierno logrará convertir este anuncio en una estrategia efectiva, con responsabilidades definidas, controles institucionales y resultados verificables frente a las organizaciones criminales.
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