El 16 de abril del 2009, una explosión en el piso cuatro del Hotel Las Américas daba inicio a un operativo policial que terminó con tres muertos y dos aprehendidos. Quince años después, en Bolivia se inició un proceso para identificar a los responsables de las “ejecuciones extrajudiciales” y de la violación de derechos humanos.
“Ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente, al comandante de la Policía, a hacer un operativo para detener a estos mercenarios y esta madrugada me informan que ha habido una balacera de media hora en Santa Cruz, donde han caído tres extranjeros, dos detenidos”. Con esas palabras el entonces presidente Evo Morales confirmaba desde Venezuela que conocía del operativo y que él fue quien instruyó su ejecución.
En principio Morales señalaba que los extranjeros tenían la instrucción de matarlo a él, al vicepresidente Álvaro García Linera y a uno de sus ministros. “Son irlandeses, húngaros y algunos bolivianos”, señaló Morales.
Ante esta situación, la Fiscalía designó a Marcelo Soza para que comande el proceso. El funcionario del Ministerio Público llegó a imputar a 39 personas, entre las que se encontraban el húngaro Elod Toasó, el boliviano-croata Mario Francisco Tadic, el general Gary Prado y Zvonko Matkovic.
Fue un proceso largo. Para el Gobierno, el grupo que estaba en el Hotel Las Américas tenía la intención de armar un grupo para ejecutar un plan separatista en Bolivia.
En abril del 2015, un militar denunció lo que grupos opositores venían sospechando. “Que el pueblo de Bolivia y el mundo sepan que el caso ‘terrorismo’ nunca fue como se muestra en el proceso que siguen a esa pobre gente. Fue un caso armado”, dijo el coronel Germán Cardona, quien fue asesor legal del Ejército.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Como ya habían cumplido su condena, abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El fiscal que estuvo a cargo del caso, Marcelo Soza, solicitó en marzo de 2014 en Brasil refugio político, tras renunciar a seguir investigando.
Una vez en Brasil, Soza denunció que el caso tenía irregularidades y afirmó que huía de Bolivia al considerar que su vida corría peligro, aunque el Gobierno de Morales denunció que estaba implicado en actos de corrupción en casos judiciales.
Con la llegada de Jeanine Añez al Gobierno, el caso Terrorismo llegó a su fin. El Gobierno anunció en enero del 2020 que se retiraba del proceso al considerar que hubo una “acusación falsa” por el gobierno de Morales para llevar a cabo una “persecución política” contra líderes opositores de la región oriental de Santa Cruz.
Ahora, el caso dio un nuevo giro. Elöd Tóásó informó a través de las redes sociales que el Estado de Bolivia iniciaba un proceso para investigar las violaciones a los derechos humanos en el caso denominado “terrorismo”, de manera que los acusadores ahora serán investigados.
Evo Morales cree que ese proceso es impulsado por el Gobierno de Luis Arce con la intención de encarcelarlo y de esa manera sacarlo de la carrera política para las elecciones del 2025.
El Gobierno a través de la ministra María Nela Prada señaló que el proceso se abrió en la CIDH, por parte de las personas que se sienten víctimas en ese proceso.
Este organismo emitió un informe en el que se establecen recomendaciones al Estado boliviano, entre ellas la reparación económica a las víctimas, la rehabilitación, la satisfacción, una investigación y modificar la currícula en instituciones como la Fiscalía y la Policía.
Agencias
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