Comunidad Ciudadana (CC) denunció este viernes que el fallo judicial que exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a designar un Defensor del Pueblo en 70 días es un «golpe de Estado» contra el Órgano Legislativo.
Según CC, el gobierno Nacional «manipulando nuevamente a la justicia», a través de la Sala Constitucional Cuarta del Distrito Judicial de La Paz, dentro de una Acción de Cumplimiento, «acaba de consumar un golpe de Estado» en contra del Órgano Legislativo mediante la Resolución 178/2022, de fecha 14 de julio de 2022.
En uno de sus fundamentos esta resolución faculta al Órgano Ejecutivo, bajo el pretexto de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado, a designar a las altas autoridades del Estado cuya elección y designación le corresponde a la ALP por dos tercios de votos de los legisladores, si no se logran consensos dentro de un tiempo prolongado de 70 días, denunció la alianza opositora.
«El alcance de esta resolución no se limita al Defensor del Pueblo. Con los mismos fundamentos se aplicará también al Contralor General del Estado, altos jueces y fiscales, vocales electorales y otras altas autoridades que requieren la decisión de la ALP. Es además de ejecución inmediata y carácter vinculante», señala la denuncia.
El fallo, señala CC, en su parte resolutiva legaliza la «prolongación inconstitucional de la interina ilegal Nadia Cruz».
«Con esta resolución se quiebra el sistema constitucional, republicano y democrático reconocido en el artículo 12.I. de la Constitución, se convierte en un emperador al actual Presidente que decidirá por sí y ante sí, desconociendo las atribuciones que le corresponden al Órgano Legislativo que representa a mayorías y minorías», apuntó CC.
Así, «la ALP queda anulada en su rol constitucional de garantía como el órgano más representativo del Estado» y «se da inicio así a una desembozada dictadura Gubernativa-Judicial a la cabeza de Luis Arce Catacora, con un golpe al Legislativo y un claro quebrantamiento al estado de derecho, a la democracia y a la independencia y separación de poderes, con el objetivo de tener el poder total en el Estado y la sociedad, sojuzgar a la disidencia política y ciudadana y dejar de lado los derechos y garantías constitucionales», concluye el pronunciamiento.
Tomado de Página Siete
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