Desempolvaron los casos que estaban archivados hace 15 años para autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, pero ahora, luego de 10 meses de trabajo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) evalúa rechazar ese proceso legal.
Este giro fue marcado ayer desde la Comisión Mixta de Justicia Plural, la entidad legislativa que por segunda semana consecutiva dejó sin efecto la anunciada sesión que debía tratar las cuatro propuestas acusatorias planteadas contra la expresidenta.
Además, en el oficialismo ya existe un debate interno sobre “el alcance político”del procedimiento y la estrategia para lograr el respaldo de dos tercios “de los presentes” —senadores y diputados— que autoricen, además de los juicios contra Áñez, el resto de las acusaciones contra exautoridades, entre ellos Carlos Mesa, jefe de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).
“No ha habido un vacío de poder (en 2019) y por eso no la reconocemos. Hay otros colegas que tienen un criterio técnico jurídico, pero para nosotros ella no ha sido presidenta. Son temas jurídicos que vamos a tratar en la comisión mixta”, declaró ayer el diputado Daniel Rojas (MAS).
Pero aún no existe una fecha para el inicio de ese debate, según admitió Rojas, quien anticipó una postura que ya forma parte de una tendencia que fluye al interior del oficialismo. El caso “se ha remitido a la Comisión Mixta que lo derivará (al plenario) sólo sí realmente corresponde un juicio de responsabilidades o se va por la vía ordinaria. Ese es el filtro, es la Comisión Mixta”, puntualizó el legislador tras ser consultado por la situación jurídica de la exmandataria una vez que se inicie el tratamiento de estos procesos reservados a las altas autoridades.
Encarcelada desde marzo, Jeanine Áñez enfrenta, además, dos juicios ordinarios por terrorismo e incumplimiento de deberes, delitos que pudo cometer cuando en 2019 asumió el mando del país sin apoyo de la Asamblea Legislativa, que estuvo bajo control del MAS.
El exministro de Gobierno Carlos Romero y la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien promovió el primer proceso contra Áñez y que derivó en una detención preventiva de seis meses que se cumplió ayer, respaldaron un procesamiento de la exmandataria únicamente por la vía ordinaria.
“Juzgarla en la vía de juicio de responsabilidades es reconocer, desde mi óptica, que fue un gobierno de transición y el MAS ha señalado —y en eso me suscribo absolutamente— que la sucesión no fue constitucional”, dijo hace algunos días Romero, quien fue el último ministro de Gobierno del expresidente Evo Morales.
“Esa señora no tiene ni credenciales ni resolución de la Asamblea y van a querer hacer juicio de responsabilidades, no compete. Tiene que juzgarse por vía ordinaria porque es una simple exsenadora”, expresó Patty, quien además pidió a la Fiscalía iniciar un tercer proceso penal por acoso y violencia política. Patty culpa a Áñez y varios opositores de las agresiones que sufrieron legisladores del oficialismo cuando no pudieron ingresar a las instalaciones de la Asamblea tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019.
Pero hace una semana, el clima de opinión al interior del MAS era distinto. La presidenta de la comisión Patricia Flores y el diputado Andrés Flores aseguraron que el tratamiento de las propuestas acusatorias contra Áñez se iban a resolver de manera expedita. “No hemos venido a encubrir o buscar nuestros intereses, queremos que se haga justicia en nuestro país”, declaró Flores en un apoyo a los juicios de responsabilidades.
El senador Walter Justiniano (CC), que forma parte de la directiva de la Comisión de Justicia Plural, señaló ayer que existen “señales contradictorias” en el MAS porque en un primer momento “ellos habían acelerado” el trámite para tratar los juicios. “No tenemos convocatoria para tratar ese caso y no existe una fecha”, dijo en contacto con esta redacción.
El constitucionalista Marco Antonio Valdivieso señaló que no se pueden obviar las decisiones asumidas por Áñez en el ejercicio de sus funciones. “Hay el antecedente del juicio a Luis García Meza. Para enjuiciarlo no le han pedido su credencial. Esa persona ha dirigido un verdadero gobierno de facto; un gobierno militar que ha asumido la presidencia por las armas y no por elecciones ni por una transición constitucional”, dijo.
El experto consideró que el MAS está enfrentando un problema complejo al no tener los dos tercios “en este clima de animadversión política que existe en Bolivia”, así como la desconfianza en la justicia. “El sistema que está podrido y corrompido”, apuntó.
La Ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades establece que la autorización de los casos de corte o de privilegio deben contar con el apoyo de dos tercios “de los presentes”. Si los 130 diputados y 36 senadores asisten a la sesión se requiere el respaldo de 111 legisladores y el MAS tiene 96. De este modo, el oficialismo requiere el apoyo de 15 legisladores.
Escenarios
En enero, la bancada de Creemos expulsó a Omar Ruedas, Sandra Paz, Tito Caero y Runny Callau, legisladores que respaldaron al MAS en la distribución de comisiones. En el caso de Comunidad Ciudadana (CC), el diputado uninominal Edwin Rosas de Tarija se inclinó en favor del MAS en las pasadas elecciones subnacionales.
“Hay que resolver ciertas cosas y siempre habrá problemas internos y aún estamos trabajando en coordinación con el diputado Rosas”, afirmó la senadora Andrea Barrientos (CC) a EL DEBER.
La legisladora fue hasta la semana pasada jefa de bancada de su partido. Renunció luego de denunciar acciones del MAS y de “la ultraderecha” para quebrar la unidad de CC. Ayer señaló que su partido está unido y que el oficialismo “está contra la pared”. Ayer, la senadora pandina, Corina Ferreira, asumió ese puesto.
Entre tanto, el fiscal Juan Lanchipa compareció a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados para informar sobre los juicios ordinarios planteados contra Áñez, pero con un cuestionario preparado con anticipación, señaló el diputado Ronald Huanca (CC). La autoridad hizo un repaso de los juicios planeados contra la expresidenta en medio de cuestionamientos de las víctimas de Senkata y Sacaba que reclamaron celeridad en este caso.
Mira también
EN LO PENAL, LA ACUSACIÓN POR SEDICIÓN, CONSPIRACIÓN Y TERRORISMO NO FUE SUSTENTADA POR LA FISCALÍA
La acusación de la Fiscalía en contra de la expresidenta Jeanine Áñez no sustenta su participación en un golpe de Estado (descritos en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración) en contra de Evo Morales, y aparece en escena después de la renuncia del exmandatario.
En la primera acusación, presentada por la exdiputada Lidia Patty, se observa que denuncia al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, a su padre, como a los comandantes de las FFAA, Williams Kaliman y al de la Policía, Yury Calderón, como los autores de una conspiración contra el gobierno de Morales, quema de los tribunales departamentales.
El 11 de marzo, Lidia Patty incluyó a la exmandataria, por los mismos delitos. Sin embargo, en los hechos señalan que su única culpa es la autoproclamación como presidenta.
De hecho, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la acusación de Patty está mal planteada, y que en el Tribunal Constitucional hay una demanda en contra de una acusación en contra de la expresidenta de Senadores, Adriana Salvatierra, por los delitos de sedición y conspiración. El Giei señaló que esos delitos están mal planteados.
Por eso, el gobierno inició otro proceso por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE. Pero, para los abogados de Áñez, ella estuvo seis meses detenida por delitos que no cometió.
Tomado de El Deber
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