Este viernes, el juez Primero Anticorrupción en lo Penal, Roberto Parada, determinó suspender la audiencia de Angélica Sosa, ex alcaldesa municipal, por el caso del sistema de Buses de Transporte Tápido (BRT), debido a que no se notificó a todas las partes involucradas.
“Se ha suspendido por falta de notificaciones, pero la autoridad jurisdiccional ha dispuesto y señaló (audiencia) para el miércoles 19 de octubre del año en curso. Todos los sujetos procesales tienen que estar presentes”, informó Alexander Mendoza, fiscal asignado al caso.
Mendoza explicó que en esta audiencia se debía hacer un “anticipo de pruebas” o peritaje técnico para que estas no sufran deterioros o cambios por factores sociales o inclemencias del tiempo.
El abogado de Sosa, Jorge Rivero, informó que su defendida no se iba a poder presentar a esta audiencia porque continúa internada en el hospital San Juan de Dios, debido a que los médicos le están tratando una neumonía que sufre a consecuencia del Covid-19.
Rivero cuestionó el pedido de la Alcaldía cruceña, que solicita que la exautoridad edil sea derivada nuevamente al penal de Palmasola, y reveló el informe de la evaluación del Instituto de Investigación Forense (IDIF), que indica que ella padece hipertensión arterial, además de la neumonía y el conoronavirus.
Este proceso se abrió ante la denuncia presentada por el diputado Ányelo Céspedes (MAS) por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.
Según el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, al que accedió EL DEBER, en la demanda Céspedes detalla que el presupuesto destinado para la primera fase del sistema de transporte rápido fue de Bs 156.185.365 de los cuales se destinó para obras y equipamiento Bs 151.302.959 y para los servicios de supervisión externa Bs 4.882.406. Sin embargo, observa “que hasta la fecha no se pudo concluir dejando la obra a medias y en total incertidumbre y perjuicio a la población cruceña”.
Son nueve los acusados en este caso, entre ellos están Angélica Sosa y Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra.
Citaron a la hija de Sosa
La unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental emitió una citación para que la hija de Sosa, Camila Perovic, se presente a declarar en calidad de testigo por el proceso de los 800 ítems fantasmas. Sin embargo, el abogado Jorge Rivero, rechazó la notificación.
Rivero indicó que la citación no debe proceder, puesto que la hija de la exautoridad edil no vive en la capital cruceña; su residencia es en Canadá y explicó que para citarla debe hacérselo mediante cooperación internacional.
“Estamos llevando un memorial (a la Fiscalía) en el que indica su dirección exacta para que cumplan lo que dice el procedimiento (penal) y mediante cooperación internacional la citen”, detalló el abogado.
El 6 de octubre, la justicia concedió el pedido de Angélica Sosa y le desvirtuó los riesgos procesales que tenía en su contra por el proceso penal que se le sigue por el caso ‘ítems fantasmas’ y se ordenó su liberación del penal Palmasola para cumplir una detención domiciliaria de 24 horas.
Por los supuestos 800 ‘ítems fantasmas’, Sosa ya estaba imputada por los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Además, se le sumó el presunto enriquecimiento ilícito, a pedido de la comisión de fiscales que investiga este caso.
EL DEBER
Mira también
Comentarios