El exdiputado Amílcar Barral presentó este jueves ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, una proposición acusatoria contra el vicepresidente Edmand Lara por presuntos delitos vinculados con el espionaje de comunicaciones privadas.
Busca que la autoridad competente tramite un juicio de responsabilidades contra la segunda autoridad del país.
Barral afirmó que la Vicepresidencia habría sido utilizada para grabar llamadas y conversaciones personales, y aseguró que entre los afectados estaría él mismo.
“Lamentablemente la Vicepresidencia se convirtió en una especie de estudio de grabación, que han estado viendo espionaje de llamadas, de conversaciones personales, incluso metiéndome a mí”, declaró ante los medios en instalaciones de la Fiscalía.
El exlegislador también vinculó a Lara con la difusión de audios atribuidos al excomandante general de la Policía y a la primera dama, además de otras grabaciones que circulan públicamente.
“Hoy tenemos las pruebas de cómo él (Lara) ha utilizado la vicepresidencia del Estado, por ejemplo, para presentar audios del mismo excomandante general de la Policía. Lo mismo ha pasado con el tema de la primera dama del Estado, mi persona, y otros audios que ahora están circulando, que estoy seguro que están saliendo de la vicepresidencia”, sostuvo.
La proposición acusatoria incluye presuntos delitos de incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y espionaje, entre otros. Las acusaciones deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.
El proceso puede llegar a la Asamblea
De acuerdo con el procedimiento señalado por Barral, la Fiscalía deberá analizar la proposición acusatoria y establecer si existen elementos que ameriten continuar con el trámite. Si corresponde, el caso podría remitirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se requeriría una votación de dos tercios para autorizar un juicio de responsabilidades.
El exdiputado pidió que la Fiscalía impulse la investigación para establecer un precedente sobre la protección de las comunicaciones privadas.
“Sentar precedente” es el objetivo que planteó Barral, quien expresó su preocupación por la posibilidad de que las grabaciones se utilicen para presionar a ciudadanos.
El denunciante advirtió que los bolivianos no deberían vivir “preocupados de que mis llamadas telefónicas o mis conversaciones van a estar siendo grabadas para luego extorsionarme, chantajearme”.
Hasta el momento, las afirmaciones corresponden a la denuncia presentada por Barral y deberán ser verificadas dentro de una eventual investigación.
La Razón
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