Ahoradigital – El Gobierno presentó una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa de distintas gestiones, por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de radares que habría ocasionado un posible daño económico superior a los Bs 1.478 millones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este jueves que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y se sustenta en una auditoría interna que identificó observaciones en la contratación, las modificaciones del contrato, las garantías y el funcionamiento de los equipos.
Los exministros denunciados son Reymi Ferreira y Javier Zabaleta, quienes ejercieron durante el gobierno de Evo Morales; Luis Fernando López, de la gestión transitoria de Jeanine Áñez; y Edmundo Novillo, del gobierno de Luis Arce.
La querella también alcanza a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
Un contrato millonario que se prolongó durante años
El proyecto fue contratado en 2016 por más de 191 millones de euros con el objetivo de implementar el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
La iniciativa contemplaba 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, programas informáticos, capacitación y transferencia tecnológica.
Según Justiniano, el contrato original establecía un plazo de 31 meses para entregar el sistema completo y en funcionamiento. Sin embargo, durante su ejecución se firmaron siete modificaciones contractuales que ampliaron el plazo a 82 meses, mientras que la demostración final se realizó aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.
El ministro sostuvo que el Estado contrató un sistema integral bajo la modalidad de “llave en mano”, por lo que debía recibir todos los componentes instalados, integrados y operativos.
Solo dos radares funcionaban sin observaciones
Los informes técnicos incorporados a la auditoría identificaron observaciones en 11 de los 13 radares.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Defensa, dos equipos operaban sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y otros dos no estaban operativos.
El resultado fue cuestionado por las autoridades debido a que el proyecto registraba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
La Unidad de Auditoría Interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. El monto corresponde a una estimación inicial y deberá ser examinado en el marco de las investigaciones correspondientes.
¿Qué responsabilidad tuvo cada exministro?
La denuncia identifica la participación de las exautoridades en diferentes etapas del contrato y sus modificaciones.
- Reymi Ferreira: suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones.
- Javier Zabaleta: firmó la tercera y cuarta modificaciones.
- Luis Fernando López: suscribió la quinta modificación.
- Edmundo Novillo: firmó la sexta y séptima modificaciones.
La Procuraduría General del Estado informó que la querella contempla los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La investigación deberá establecer qué decisiones adoptó cada involucrado y si sus actuaciones generaron responsabilidades penales o un perjuicio económico atribuible a su gestión.
Buscan esclarecer el daño económico
El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de una de las contrataciones más importantes del sector Defensa, destinada a fortalecer la vigilancia y el control del espacio aéreo boliviano.
El Ministerio de Defensa y la Procuraduría buscan que el Ministerio Público investigue las presuntas irregularidades y determine si corresponde adoptar medidas para recuperar los recursos públicos.
Por ahora, la presentación de la querella no equivale a una condena. Será la investigación la que determine las responsabilidades individuales, respetando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de las personas denunciadas.
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