La elección de Róger Mariaca como fiscal general del Estado, realizada el 21 de octubre de 2024, vuelve al centro de la controversia tras las denuncias de presuntos sobornos a asambleístas para asegurar su designación.
Campero sostuvo que algunos legisladores habrían recibido dinero para cambiar su voto durante la sesión parlamentaria. Según su relato, se habría utilizado un mecanismo con bolígrafos de tinta borrable para registrar inicialmente una opción y luego modificar el sufragio. La exlegisladora no identificó a los supuestos operadores ni presentó pruebas de los pagos en su columna publicada en EL DEBER.
Campero también denunció presiones políticas
La exdiputada afirmó que en octubre de 2024 presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria para elegir al fiscal general. Según su versión, recibió presiones de dirigentes de Comunidad Ciudadana para retirar el recurso, incluso bajo amenazas de perder su curul.
Campero atribuyó a Carlos Alarcón un compromiso de que Mariaca no conseguiría los dos tercios necesarios para ser elegido. Sin embargo, Alarcón rechazó esa versión y aseguró que nunca habló con ella, ni directamente ni mediante intermediarios, para convencerla de retirar la demanda.
El diputado explicó que su bancada analizó el recurso junto con Carlos Mesa y otros responsables parlamentarios, pero decidió no respaldarlo porque consideraba que podía paralizar el proceso de selección y prolongar la permanencia de Juan Lanchipa al frente del Ministerio Público.
Mariaca fue elegido con 115 votos de los 161 asambleístas presentes, una cifra superior a los dos tercios requeridos.
La Fiscalía investiga los presuntos sobornos
La denuncia se suma a las acusaciones formuladas por el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, quien afirmó que algunos asambleístas habrían recibido pagos mensuales vinculados al exfiscal general.
El fiscal general interino, Armando Urioste, anunció que el Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer si hubo pagos ilegales que condicionaron la elección de Mariaca.
El caso adquiere relevancia en medio de las investigaciones contra el exfiscal, quien permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca, Potosí, por presuntos delitos vinculados a una organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.
Por ahora, las acusaciones sobre la compra de votos y las presiones políticas no constituyen hechos establecidos judicialmente. La investigación deberá determinar si existieron sobornos, quiénes habrían participado y si hubo irregularidades en el proceso de selección de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Ahoradigital
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