El gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749, una normativa que busca frenar la corrupción al regular “la recepción, atención y canalización de denuncias administrativas por hechos de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o dádivas patrimoniales”.
La medida alcanzará a servidores y exfuncionarios públicos del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Policía Boliviana que hayan incurrido en estos delitos durante actuaciones judiciales o administrativas.
Según el artículo 2 del decreto, publicado en la Gaceta Oficial, se sancionará cualquier “exigencia, solicitud o recepción indebida de dinero, favores o beneficios destinados a manipular, acelerar, dilatar o desviar procesos”.
El Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, fue designado como la entidad encargada de recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias, las cuales podrán presentarse de forma escrita en su oficina central o en sus enlaces departamentales.
Se aclaró que este trámite administrativo no interferirá en la actividad jurisdiccional, no suspenderá plazos legales ni alterará las funciones de otras instituciones.
Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el artículo 5 contempla la reserva de identidad a solicitud del denunciante o de oficio. Esta protección se mantendrá durante todo el proceso administrativo y, de ser derivado al ámbito penal, se solicitará que se mantenga el resguardo a denunciantes y testigos conforme a ley.
La emisión de este decreto se produce tras la reciente detención y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, investigado por presuntamente liderar una red criminal de protección al narcotráfico, caso en el que las autoridades hallaron millonarias sumas de dinero en efectivo y múltiples bienes.
Correo del Sur
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