Wilfredo Chávez, procurador General del Estado, consideró “inapropiado” que Evo Morales sea convocado a declarar por la crisis política y social ocurrida en el país en noviembre de 2019, después de su renuncia a la Presidencia y de refugiarse en México. Sin embargo, ratificó que los obispos y otros involucrados deben aclarar su participación en las reuniones de pacificación en la Universidad Católica de Bolivia (UCB) en La Paz.
En criterio de Chávez, en esos encuentros, en los que participó el MAS y figuras de la oposición con la mediación de la Iglesia católica y representantes diplomáticos, sirvió para ejecutar un “plan B” para autoproclamar como presidenta a Jeanine Áñez.
“La convocatoria debe hacerla el Ministerio Público. Podemos hacer diligencias, pero nos estamos centrando en este punto, en la reunión en la Universidad Católica, donde no estaba Evo Morales, convocar a un tercero que no estaba en el momento ni en el lugar, no me parece apropiado, lógicamente no es apropiado y no aportaría a la investigación, los que estaban en el lugar deben decirnos qué ha pasado”, dijo en entrevista con radio Fides.
La posición de Chávez no es compartida por todos dentro del MAS. El senador Félix Ajpi, tiene un criterio diferente. “Considero que la Iglesia trabajó de manera neutral para pacificar el país. Evo Morales tiene que declarar, como testigo o como investigado, y debe explicar por qué renunció.
¿Por qué debe declarar como investigado?, le preguntó este medio. “Eso tiene que definir la justicia si es que le convocan a decir su verdad. Creo que debe responder por qué él dejó de ser presidente, pero eso es muy distinto, es clave, pero debe ser procesado en otra investigación”, dijo el asambleísta.
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Por su parte, el diputado Juan José Jáuregui (MAS), señaló como el procurador que Evo Morales no estuvo en las reuniones de la Universidad Católica, por eso, no debería ser citado.
En la reunión de la Universidad Católica participaron en la negociación auspiciada por la Iglesia, junto con la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas (ONU), la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra y la exdiputada Susana Rivero.
Ambas estaban en la línea de sucesión y, pese a ello, no asumieron la Presidencia del Estado. No hay una investigación en curso que determine por qué ocurrió eso. Las dos emitieron su declaración y esos testimonios fueron usados por los fiscales del caso solamente para incriminar a Áñez.
El informe que presentó la Iglesia católica en 202 resaltó que Salvatierra condicionó cualquier negociación a la salida del país de Evo Morales, quien había renunciado a su cargo el domingo 10 de noviembre. Luego de que el avión mexicano decoló la noche del 11 del aeropuerto de Chimoré, entonces se abrió a conversar.
En sus páginas 12 y 13 el documento relata los hechos registrados el 12 de noviembre, cuando Morales ya estaba asilado en México y existía un vacío de poder. Explica que desde el MAS sugirieron que el nuevo mandatario sea elegido de entre los asambleístas o que el entonces senador Víctor Hugo Zamora asumiera la Presidencia, aunque esos aspectos fueron considerados “inconstitucionales” y no lograron aceptación.
Luego surgieron dos nuevas alternativas, que Salvatierra o la diputada Susana Rivero asumieran la jefatura del Estado o que existiera una sesión de la Asamblea para que Áñez llegara al poder, dando lugar a la “sucesión constitucional ipso facto” para evitar el vacío del poder.
Después, el escrito revela que hubo una reunión “a puerta cerrada” solicitada por Salvatierra, en la que también participaron el exsenador Óscar Ortiz (de Demócratas) y el fallecido monseñor Eugenio Scarpellini, como garante del diálogo. Lo que conversaron no se dio a conocer y tampoco se encuentra registrado en la memoria de la CEB.
“Tras dicha reunión, se reinició la reunión general y las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional, esa tarde, en la cual reconocerían a Jeanine Áñez, presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia Presidente del Estado”, explica el documento en su parte más relevante.
Ajpi negó esa versión, y aseguró que las representantes de su partido en esa reunión “estaban muy presionadas, con sus familias amenazadas y que por eso fueron sorprendidas en su buena fe y las engañaron para que Áñez asuma la Presidencia de facto”.
El 24 de enero de 2020, Adriana Salvatierra aseguró que su renuncia al cargo respondió a razones políticas. Afirmó que la dimisión fue coordinada con el renunciante presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Ambos se refugiaron en México.
“Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con los dos mandatarios. Esto ha sido aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales, con autoridades de nuestro instrumento político”, explicó en un vídeo difundido en redes sociales.
El país estaba sumergido en la ausencia de poder, la defensa de Jeanine Áñez aseguró en el proceso que tanto Salvatierra como la diputada Rivero incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes al no aceptar asumir la sucesión constitucional.
Juan José Jáuregui señaló al respecto que ese delito no forma parte de los ilícitos que se investigan en el caso denominado “Golpe I”, que son terrorismo, sedición y conspiración, por el que tanto la exmandataria y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, están encarcelados.
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Por lo tanto, Jáuregui señaló que si es que se considera que hay suficientes elementos, cualquier ciudadano podría presentar una denuncia por incumplimiento de deberes contra las dos exlegisladoras. “Pero debe ser otro proceso, distinto al que ya está en marcha y en el que los jerarcas de la Iglesia sí deben comparecer”.
Tomado de El Deber
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