Tres proyectos de reglamento para las elecciones judiciales coinciden en la necesidad de que expertos externos participen en la preselección de postulantes a tribunos y no la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La Comisión Mixta de Justicia Plural prosiguió ayer con el análisis de las propuestas y formó una “minicomisión” para acelerar su trabajo.
Creemos, Comunidad Ciudadana y Conade Cochabamba ratificaron que deben ser cuerpos colegiados externos a la Asamblea los que elijan a los preseleccionados. Actualmente, la Constitución Política del Estado (CPE) delega esa responsabilidad a los asambleístas, algo que fue reivindicado por el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Creemos pretende “la creación y conformación de una comisión ciudadana, en el marco de la democracia, directa y participativa en el marco de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad”. Estaría conformada por la sociedad civil: abogados, empresarios privados, cívicos, periodistas, universidades y asambleístas, entre otros, para “garantizar un proceso de evaluación y preselección independiente y transparente”, de los postulantes.
“El pueblo no puede participar en un proceso (electoral judicial) donde toda evaluación y designación está hecha en un hermetismo y en manos de políticos”, precisó la senadora Centa Rek. Citó las elecciones judiciales fallidas de 2011 y 2017, cuando la ciudadanía no conocía a los candidatos ni cómo fueron elegidos y menos aún si eran probos.
Desde Comunidad Ciudadana plantearon un proyecto de Ley de Garantías para la creación de nueve Jurados Departamentales de Méritos, como órganos de apoyo a la ALP para el registro de los postulantes, la verificación de los requisitos, la habilitación de candidatos para la fase de calificación de méritos y la definición de preseleccionados.
Jáuregui descartó las propuestas de CC y Creemos. “Por su inconstitucionalidad, inconsistencia con el mandato de la Constitución”, dijo.
Lizeth Beramendi, de Conade Cochabamba, afirmó que la propuesta del colectivo busca “una Comisión Técnica Especializada de Profesionales Idóneos y Éticamente Solventes”, ajena a la ALP para que se encargue de “una calificación objetiva, creíble, confiable y meritocrática de los postulantes a magistrados”.
El martes, la Comisión Mixta de Justicia Plural analizó los proyectos y después se conformó una “minicomisión” para acelerar el trabajo según informó la senadora Salame. La asambleísta añadió que ya “están redactando los acuerdos”, entre la oposición y el oficialismo. “No hay nada innegociable, las tres fuerzas están abiertas para lograr un objetivo común: mejorar el sistema judicial”, agregó.
Tatiana Áñez, de Creemos, señaló que “es temprano para hablar de acuerdos”. “Estamos realizando trabajos previos y luego cada bancada consultará a su fuerza política”. La comisión declaró ayer cuarto intermedio para hoy a las 10:30. Se espera que hasta mañana se unifique un reglamento.
El inciso 11 del Artículo 16, sobre Requisitos Comunes, de la reglamentación que presentó el MAS , permite que los magistrados puedan presentarse a una reelección, pero no en el mismo cargo. Es un tema con el que no están de acuerdo en la oposición ni en la facción radical azul.
“No postularse al mismo cargo quienes hubieran sido electas o electos magistradas o magistrados (…) en la última elección”, reza el texto, algo que según la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, permitirá “que exista un pasanaku”, de autoridades de un órgano judicial a otro. El diputado evista Daniel Rojas criticó también la propuesta de los renovadores del MAS, porque a su juicio “así no se cambiará la justicia”.
Sobre el tema de la reelección judicial, el proyecto de Creemos coincide con el del MAS, pero tiene una variante: “En caso de presentarse postulaciones a un cargo diferente al actual, será considerada como un antecedente negativo”, con disminución de puntaje.
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