A 15 años del asalto al hotel Las Américas, Bolivia se arriesga a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) considera que el país no cumplió con las cuatro recomendaciones que realizó en 2021, entre ellas, “iniciar una investigación penal” contra exautoridades.
“La petición más avanzada es la del señor (Elod) Töasö- (Mario) Tadic (…) si no cumplimos las recomendaciones o si no aseguramos razonablemente su cumplimiento seguramente el caso se irá a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) donde ya comienza la etapa de litigio”, afirmó el procurador general del Estado, César Siles Bazán en contacto con la red Unitel.
Caso y recomendaciones
El caso se refiere a la solicitud que presentó ante la CIDH un grupo de cinco personas, entre ellos, Tadic, Toasó, Alcides Mendoza Mazaby y Juan Carlos
Guedes Bruno. Además de Carolina Dwyer, madre de Michael Dwyer, uno de los tres hombres ejecutados en el asalto al hotel Las Américas, caso que después se conoció como “terrorismo”.
Las cuatro recomendaciones que el Estado debe cumplir para evitar ir a la Corte IDH son: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, adoptar las medidas de compensación económicas y satisfacción; además, disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas.
“Iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe (…) el Estado no podrá oponer prescripción”, refiere la tercera recomendación.
Por otra parte, el procurador Siles señaló que, una vez que se conocen las recomendaciones, deberían activarse las acciones para cumplirlas, pero el caso se manejó discrecionalmente.
Asimismo, el Procurador aclaró que el procesado es el Estado de Bolivia y que la investigación que se reactivó no identifica a personas, pero que, en todo caso, todos los bolivianos están en la obligación de comparecer a petición de autoridad competente.
El cierre de los casos Terrorismo I y II fue en 2020 durante la administración transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez, aspecto que fue observado por autoridades gubernamentales.
Justicia ordinaria
A la par, en el país, la Fiscalía conformó una comisión para llevar adelante una investigación por tortura contra los ciudadanos extranjeros Tadic y Toasó.
El caso se inició tras una denuncia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) en 2020, rechazada por un fiscal, pero que se reactivó a instancias del fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.
“El Fiscal Departamental de Santa Cruz ha emitido la Resolución Fiscal Jerárquica RR.MM N° OR-054/23 de 08 de marzo de 2023, por el cual dispuso revocar la resolución fiscal de rechazo de fecha 27 de agosto de 2020, emitido por el Fiscal de Materia Abog. Francisco R. Mendoza Aníbarro, en tal sentido la investigación se encuentra en curso”, explicó la fiscal especializada en Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros.
Protocolo de Estambul
El Protocolo de Estambul establece que en casos de tortura en contra víctimas bajo custodia del Estado, donde existan dudas sobre la imparcialidad, los Estados procederán a esas investigaciones mediante una comisión especial de indagación independiente.
En abril de 2009, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía Boliviana ingresó al hotel Las Américas, en Santa Cruz, realizando detonaciones e irrumpiendo en los cuartos donde se hospedaban Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyaroisi y Michael Dwyer, que fueron abatidos en el lugar.
Tomado de Los Tiempos
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