El vocero del Ejecutivo municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra agotó todas las instancias legales en el caso Mutualista durante más de dos años, pero que actualmente enfrenta una sentencia constitucional que está obligada a cumplir, pese a las irregularidades denunciadas.
«Lo que queda es que se han agotado todas esas instancias, como han dicho ellos, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que ya ha excedido por demás los plazos y que debe cumplirse. Entonces, le hago esta pregunta: ¿Qué hacemos como Ejecutivo Municipal? A la comisión y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dennos una salida para no dar cumplimiento a esta sentencia», expresó el vocero municipal.
La sentencia constitucional indica que la Alcaldía debe entregar los papeles del predio donde está ubicado el mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, específicamente a Nelson Miguel Crapuzzi, quien demanda ser dueño de dicho terreno.
Montenegro explicó que, tras el rechazo del Ministerio Público en dos ocasiones, el Ejecutivo municipal presentó una reconversión a acción ordinaria, que aún se encuentra en curso. El proceso, según el vocero, tiene como fin avanzar en la investigación sobre la presunta falsificación del plano sepia y otras irregularidades, como la declaratoria de herederos.
“Justamente, hoy por hoy, hay una sentencia constitucional que después de dos años el señor alcalde se ve obligado a cumplirla”, sostuvo.
Informe de la comisión del TSJ
Este jueves, la comisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó los resultados de la revisión del caso Mutualista. El informe identifica la existencia de documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales (incluido un amparo tramitado fuera de jurisdicción), así como indicios de prevaricato en una sentencia constitucional.
«No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato. Dentro de este informe también se ha hecho un análisis, el hecho de que sea una sentencia constitucional dictada por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no exime de que esa sea una sentencia prevaricadora», señaló Rómer Saucedo, presidente del TSJ.
Sin soluciones para la sentencia constitucional
Montenegro señaló que, aunque el informe presentado por el TSJ identificó irregularidades, no planteó una solución concreta para evitar el cumplimiento del fallo constitucional. Indicó que el proceso de prevaricato tampoco anula la sentencia constitucional.
“Se ha hablado de procesos que se va a seguir a la jueza, procesos que se va a seguir a algunos de los administradores de justicia por estas supuestas irregularidades que han encontrado, mismas que ya denunciamos. Pero después de todo esto, ¿qué han dicho sobre el cumplimiento o no de esta sentencia que es irreversible e inapelable? Ese es aquí el tema de fondo”, cuestionó.
Asimismo, señaló que en medio del problema está el alcalde Jhonny Fernández, quien ya enfrenta un proceso judicial con medidas sustitutivas por este proceso e, incluso, tiene riesgo de detención si incumple con la sentencia constitucional.
«El único que está procesado por esto es el alcalde Jhonny Fernández. Y no nos han dado ninguna respuesta a cómo podemos impedir el cumplimiento de esta sentencia», apuntó.
Entonces, Montenegro puntualizó dos escenarios, que el TSJ ayuda con una salida legal que no permita ejecutar la sentencia o, en su defecto, proceder con su cumplimiento ante la falta de alternativas jurídicas.
«Hoy hay solo una realidad: una sentencia constitucional que manda. Además de una manera, en eso coincidimos, totalmente extraña», enfatizó Montenegro. Además, indicó que el informe del TSJ coincide con denuncias anteriores que había realizado la Alcaldía sobre dicho caso.
El Deber
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