La Central Obrera Boliviana (COB) presentó este martes su “conminatoria y planteamiento pacificación y recuperación del país”, compuesta por ocho ejes temáticos, entre los que destaca el compromiso de no privatizar empresas públicas estratégicas, la suspensión de normas que restrinjan las protestas sociales y la adopción de medidas económicas y sociales orientadas a proteger a la población.
El planteamiento fue dirigido al presidente Rodrigo Paz y exige una respuesta inmediata del mandatario. La carta fue recibida por la funcionaria de la presidencia, Gilda Céspedes.
Mediante la nota, se solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y de la no judicialización de las protestas.
Según el documento, la agenda debe desarrollarse bajo mecanismos de seguimiento público, con plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles.
El texto no incluye el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, que era la petición de los sectores bloqueadores en el actual conflicto que atraviesa el país.
El primer eje está referido a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación. La COB plantea el rechazo a la criminalización de la protesta, la suspensión y archivo definitivo de proyectos normativos considerados restrictivos para la movilización social, el cese de la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas, así como la liberación y revisión de casos de personas detenidas durante conflictos. También demanda acciones inmediatas contra actos de racismo y discriminación.
El segundo punto aborda el cumplimiento de compromisos y el control social. La organización exige que el Gobierno cumpla las promesas electorales y propone la aprobación de una ley que obligue a autoridades nacionales, departamentales y municipales a rendir cuentas sobre sus compromisos de campaña.
En materia económica, el tercer eje plantea garantizar que no se impulsarán privatizaciones, capitalizaciones, concesiones encubiertas ni transferencias de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros.
Además, rechaza la contratación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), exige transparencia sobre eventuales acuerdos con organismos financieros internacionales y propone acelerar una distribución de recursos bajo un esquema de 50% para el nivel central y 50% para gobernaciones y alcaldías.
La propuesta también incluye demandas de transparencia e investigación. En ese marco, solicita el alejamiento del ciudadano argentino Fernando Cerimedo de cualquier función de asesoramiento o toma de decisiones en el Gobierno y pide una investigación sobre su presunta influencia en contrataciones y designaciones. Asimismo, plantea la conformación de una comisión legislativa especial para investigar los casos denominados «narcomaderas» y «narcomaletas».
El quinto eje se refiere a la política de hidrocarburos. La COB exige que no se incrementen los precios de los combustibles de consumo nacional y demanda resarcimientos para los afectados por la distribución de gasolina desestabilizada o combustibles adulterados, junto con una auditoría técnica independiente.
En el ámbito legislativo, el documento establece la consulta previa obligatoria a organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originario campesinos antes de la aprobación de leyes, decretos o medidas macroeconómicas que los afecten.
Respecto a la canasta familiar, los derechos laborales y la seguridad social, la COB plantea medidas para contener la especulación y el alza de precios, preservar el salario real y garantizar el empleo estable.
También propone la creación de un fondo soberano que permita una jubilación equivalente al 100% del ingreso para todos los sectores laborales del país.
Finalmente, el octavo eje aborda temas ambientales e internacionales. La organización demanda que los parques nacionales y áreas protegidas no sean destinados a actividades extractivas y pide que la política exterior boliviana mantenga una orientación pacifista y acorde con la Constitución.
En su declaración final, la COB sostiene que la paz social en Bolivia solo podrá alcanzarse mediante la atención de las demandas planteadas, el diálogo con los actores que considera legítimos y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la población.
El ejecutivo Mario Argollo pidió una respuesta inmediata de parte del Gobierno, porque de lo contrario se masificarían las movilizaciones en demanda de la renuncia de Rodrigo Paz.
Fuente: Erbol
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