Tras conocerse que la Fiscalía de Potosí liberó de culpa al gobernador Jhonny Mamani en el caso de las 41 ‘ambulancias fantasmas’, los denunciantes alistan la impugnación a esa decisión y observan que solo quedan procesados los “mandos medios”.
La asambleísta departamental Azucena Fuertes consideró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está tras esa determinación. Mamani fue elegido tras terciar por esa fuerza, que gobierna el país.
“No sorprende la decisión de la justicia y la Fiscalía en Potosí, tomando en cuenta que el gobierno del MAS está naturalizando la corrupción y la justicia está beneficiando a los corruptos”, señaló en una entrevista con La Revista de UNITEL.
“Entendemos que quienes han hecho parte de este proceso desde la Asamblea Departamental, Asamblea Legislativa Plurinacional y el mismo Comité Cívico, en los cinco días concedidos por ley, van a impugnar esta decisión”, añadió Fuertes.
Mamani y los otros imputados fueron denunciados por el asambleísta departamental Jaime Flores, la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, y la diputada Lissa Claros.
Precisamente Flores anunció que alista la impugnación a la decisión fiscal, pero además denunció que enfrenta un proceso instaurado por el gobernador Mamani por el delito de calumnia.
El caso está referido a la adjudicación del contrato de provisión de 41 ambulancias a la empresa Stefals Logistics, que no reunía los requisitos para ese fin y que inclusive uso un Número de Identificación Tributaria (NIT) falso.
El 31 de diciembre de 2021, la Gobernación de Potosí emitió cuatro cheques pagando los Bs 20,5 millones por la compra, pero el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas detectó irregularidades y no autorizó el desembolso.
Asimismo, un grupo de funcionarios avaló la entrega de los vehículos, cuando ni siquiera habían llegado.
Fuertes afirmó que “la ciudadanía conoce, nosotros sabemos la verdad sobre quiénes son los corruptos en este caso, sólo que la justicia no quiere ver aquello”.
En su criterio, “esto no es extraño. Sucede en Potosí con el caso más emblemático de corrupción de las 41 ambulancias fantasmas, pese a tener suscrito un contrato por el gobernador por 20 millones 500 mil bolivianos, pese a que existe un acta de recepción de las ambulancias firmada en Potosí, asegurando que éstas se encontrarían en Potosí desde 2021, cuando las ambulancias ni siquiera han llegado a Bolivia”.
No es todo. La asambleísta Fuertes apuntó que “se les ha permitido incluso a los coimputados y a otros funcionarios cercanos al gobernador, dar una cuotita para eludir 1.450.000 bolivianos referentes a la póliza de garantía que no se ejecutó”.
En su criterio, “este es el mejor ejemplo de la mala administración de justicia que sólo beneficia al poder y principalmente al MAS, cuando desde allí surgen los hechos de corrupción”.
Fuertes deslizó la sospecha de que las investigaciones de esta caso continuarán, pero “afectando principalmente a mandos intermedios” y, por el contrario, “dieciocho meses ha durado la investigación y dieciocho meses ha tardado la Fiscalía en no acusar al gobernador formalmente”.
Sobreseídos
Además de Mamani, fueron sobreseídos el exsecretario departamental jurídico Rubén Moisés Miranda Castro y el exresponsable de procesos de contratación, Luis René Loayza Gallardo, quien de todas formas es procesado por negociaciones incompatibles, delito por el que irá a juicio oral y contradictorio.
También quedaron fuera del proceso el abogado Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo y el auditor Ramiro Luis Choque Arando. según el diario El Potosí.
Investigados
Los acusados que permanecen investigados son el exresponsable del Centro de Resolución de Urgencias y Emergencias Médicas (CRUEM), Jorge Pablo Velarde Torrico; el administrador del citado centro, David Favio Pozo Medrano, y el médico de emergencias, Carlos Alberto Aguirre Marino. El quinto acusado es Eulogio Peñaranda Cárdenas, que figura como ingeniero minero.
Velarde, Aguirre y Pozo formaron parte de la comisión de recepción de las 41 ambulancias, junto a Walter Jesús Morales Saavedra y Efraín Quispe Condori, pero solo los tres primeros firmaron el documento de recepción de los vehículos que ni siquiera habían llegado al país.
Inclusive dieron aval de conformidad de los requerimientos específicos de los motorizados sin haberlos visto.
Fueron imputados y serán procesados por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica.
Mira también
A la fecha, ningún funcionario de alto rango de la Gobernación potosina es procesado por este caso.
Tomado de Unitel
