Después de constatarse irregularidades en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se procederá a la revisión de facturas y otras contrataciones relacionadas a la empresa china Harbour, cuyo representante legal es investigado por presuntamente pagar un soborno.
“Vamos a tener que revisar todas las facturas que se han emitido en los anteriores contratos y revisar todos los procesos de contratación que se han dado en relación a esta empresa”, dijo Lima en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
El caso surgió después de que el diputado Héctor Arce denunció que el empresario chino había pactado una coima de 18 millones de bolivianos, de los cuales había pagado al menos 9 millones para funcionarios de la ABC. Lima reveló que existió documentación adulterada en el proceso de contratación y facturas ilegales que se habrían emitido con el fin de lavar dinero.
Lima aseveró que se hará la revisión de las facturas y contrataciones de la empresa china porque Bolivia asumió el compromiso internacional de combatir la legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero), y no porque se tenga un afán de perjudicar a alguien, mirar al pasado o generar confrontación.
Señaló que hay daño que se ocasiona con estas irregularidades a Chuquisaca, departamento donde se construye la obra. Además recordó que otras empresas se presentaron a la licitación y no es correcto que se adjudique la obra por un soborno.
El Ministro manifestó que se debe cortar esta situación y dar seguridad jurídica a los empresarios, puesto que de lo contrario ya no vendrán a Bolivia empresas de primer nivel para invertir.
Cuando Harbour se adjudicó la carretera en Chuquisaca, a inicios de este año, se conoció que tenía otras siete contratos con el Estado boliviano cuyo monto era superior a 3 mil millones de dólares, según difundió entonces Correo del Sur.
Lima indicó que Harbour “es una mega empresa internacional” que cotiza en bolsa y que debería emitir un pronunciamiento respecto a las actividades de su gerente en Bolivia.
Alertó que, de ser una actitud corporativa la detectada en Bolivia, sería una información grave para la región y a los países donde trabaja esta empresa, puesto que se iniciarían procesos de investigación.
“Acá tiene que haber una respuesta clara y contundente y precisa de la casa matriz de esta empresa, porque de lo contrario la investigación puede llegar afectar posiciones corporativas”, recalcó.
El Ministro señaló que en la labor de revisión de contrataciones, esta cartera de Estado se abocará a casos que impliquen sumas de millones de bolivianos comprometidos, asumiendo todo el riesgo que representa esta política. Mencionó casos como el del carro bombero de la Gobernación de Santa Cruz y de los ítems fantasmas.
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