Ahoradigital – El exministro de Defensa Fernando López afirmó que está dispuesto a colaborar con la Justicia y pidió defenderse en libertad, luego de ser incluido en la querella penal presentada por el actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, por presuntas irregularidades en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
A través de sus redes sociales, López se dirigió al ministro Justiniano y manifestó: “Estoy a su disposición y de la Justicia, presto a la oportunidad de defenderme en libertad como corresponde”.
La declaración se produce después de que el Ministerio de Defensa presentara una denuncia penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros, por un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
Un proyecto millonario bajo investigación
El caso está relacionado con la contratación e implementación de un sistema de vigilancia aérea adjudicado en 2016 por más de 191 millones de euros. El proyecto contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura y transferencia tecnológica.
Según la auditoría interna citada por el Gobierno, solo dos radares operaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones técnicas y otros dos no estaban operativos.
El contrato, que inicialmente establecía un plazo de ejecución de 31 meses, fue modificado en siete oportunidades, ampliando el periodo contractual a 82 meses. Las pruebas y la demostración final se realizaron aproximadamente 98 meses después de la firma del acuerdo.
Cuatro exministros en la querella
Además de López, la denuncia incluye a Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Edmundo Novillo, quienes ocuparon el Ministerio de Defensa durante distintas etapas del proyecto.
López suscribió la quinta modificación contractual durante su gestión en el gobierno de Jeanine Áñez. Sin embargo, la inclusión en la querella no implica por sí misma una declaración de culpabilidad: la investigación deberá establecer la participación y las posibles responsabilidades individuales de cada involucrado.
Entre los presuntos delitos denunciados figuran contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El Ministerio de Defensa busca esclarecer cuánto dinero desembolsó el Estado, qué componentes recibió y cuáles fueron las obligaciones contractuales que quedaron pendientes.
La investigación queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales y, en su caso, impulsar las medidas que correspondan.
Ahoradigital.
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