La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en los Países Bajos analizará hasta junio del 2021 la competencia material de la denuncia que interpuso la Procuraduría General del Estado (PGE) contra el expresidente Evo Morales por el delito de lesa humanidad.
El abogado Alfonso Dorado explicó que de acuerdo al Estatuto de Roma, la Sala de Cuestiones Preliminares debe pronunciarse si admite o no de apertura de la investigación y manifestó que por el momento hay un examen preliminar de la denuncia interpuesta contra Morales.
“Conclusión Informe anual de Fiscal de CPI sobre Caso Bolivia: ’La Fiscalía tiene intención concluir análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021 a efectos de determinar si existe fundamento razonable para proceder a análisis en materia de admisibilidad’”, dice un tuit del jurista.
“El gobierno anterior fue notificado, pero no hay ninguna decisión de la Corte, respecto a la remisión del Estado boliviano. Como dice el informe anual de la fiscal, se estima que será para mediados del 2021, salvo que Bolivia retire su propia denuncia, la situación sería distinta”, declaró Dorado a Urgente.bo.
En el Estado Plurinacional, el ministro de Justicia, Iván Lima, tiene la intención de retirar la acusación que hizo el exProcurador del Estado, José María Cabrera, contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El 10 de diciembre, Lima, anunció que todas las denuncias que se interpusieron, a nombre del Estado boliviano, ante la CPI serán retiradas, porque los problemas primero deben resolverse en Bolivia.
“Nos hemos acusado entre bolivianos ante la Corte Penal Internacional, hay que retirar esas acusaciones. Todo lo que está en la Corte Penal Internacional se está trabajando para retirarlas, los problemas de Bolivia se van a resolver en Bolivia”, aseguró el Ministro de Justicia en aquella ocasión.
La denuncia que realizó Cabrera tiene que ver por el cerco a las ciudades y bloqueo de carreteras que impidieron por 10 días el ingreso alimentos y oxigeno medicinal, además de haber impedido la circulación de ambulancias en plena pandemia del coronavirus.
Según el Estatuto de Roma, la competencia material refiere a la información disponible para argumentar una base fáctica legal y razonable para creer que un crimen se ha cometido.
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