Con las nuevas renuncias confirmadas de las magistradas del Tribunal Agroambiental (TA), Ángela Sánchez Panozo y Elva Terceros, surge la interrogante sobre qué pasará con los altos tribunales de Bolivia, que son observados por diversos sectores del país debido a la «autoprórroga» decidida el mes pasado, ante el fracaso de la convocatoria a elecciones judiciales para designar a nuevas altas autoridades de justicia; informó RED UNO.
Además de Sánchez y Tercercos, la semana pasada se confirmó la renuncia de Carlos Alberto Calderón, quien representaba a Santa Cruz en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Luego, se conoció del alejamiento de su cargo del magistrado Esteban Miranda Terán, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En ese sentido, diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) consideran que los magistrados suplentes o los departamentales deberían asumir el cargo de la persona o las personas que presentaron su dimisión.
«Sabemos también que si un magistrado renuncia, están los suplentes. De acuerdo a las normativas y la Constitución Política del Estado, un suplente puede tomar el cargo, así también pueden asumir los departamentales», afirmó la diputada Gloria Callizaya Rodríguez, del MAS.
En su misiva, Sánchez expresó su decisión de poner fin a sus funciones, señalando: «Me dirijo a ustedes con un saludo afectuoso y sincero para poner en su conocimiento que mi persona ya no ejerce funciones de magistrada del Tribunal Agroambiental por conclusión de funciones». La carta destaca la falta de garantías necesarias para el ejercicio de la magistratura, alegando que no se han cumplido las condiciones adecuadas para desempeñar sus responsabilidades.
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Los actuales magistrados ya cumplieron funciones durante los seis años que establece la Constitución Política del Estado (CPE). El mandato de los altos magistrados del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura del país debía concluir este 2 de enero.
A principios de diciembre de 2023, el TCP dispuso la continuidad de los magistrados a partir de enero de este año para «evitar un vacío de poder» y hasta que se realicen los nuevos comicios judiciales este año. El fallo del TCP es inapelable, empero, desató una ola de críticas desde el plano político, con amenazas de procesos penales ordinarios y juicios de responsabilidades.
La Constitución, promulgada en 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los máximos tribunales del país, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo. Durante 2023, el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS, que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.
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