En La tarde de este 16 de enero se dio a conocer una resolución ministerial, la 005/2025, firmada por María Nela Prada, ministra interina de Medio Ambiente y Agua, que abrogaba otra resolución, la 396 de agosto de 2023, en la que se designaba a Johnson Jiménez Cobo como director nacional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
La medida se adoptó luego de que el chofer de Jiménez denunciara una serie de irregularidades, bajo la figura de presunto uso indebido de bienes del Estado.
Entre otras acusaciones, Jiménez fue sindicado de usar vehículos y otros bienes públicos, además de personal del Sernap, para ir a comprar condones y calzoncillos.
Un día antes, Jiménez convocó a la sede de la Cidob a los representantes de los comités de gestión de las reservas bajo su dependencia, supuestamente para realizar la programación de actividades para 2025.
Las denuncias de grupos ambientales no solo apuntan a Jiménez dentro del Sernap, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), sino también a otras direcciones, como la de Planificación, y entidades externas, por cobros extorsivos para la aprobación de permisos a distintas actividades dentro de áreas protegidas, como desmontes, entre otras cosas.
Sin respuesta
En noviembre de 2023, EL DEBER publicó denuncias que a dos meses de su gestión, Jiménez ya tenía denuncias que iban desde el cobro de diezmos hasta malversación de fondos, en uno de los peores momentos para las áreas que cada vez están más desprotegidas.
Una de las denuncias, que de acuerdo a documentos ya llegó a los ministerios de la Presidencia y de Medio Ambiente y Agua, provenía de Rolando Magne, ex director administrativo del Sernap, que entre varias cosas, evidenció el pago de pasajes a dirigencia de la Cidob, liderada por Justo Molina.
En esa oportunidad, Sigrit Azurduy, jefa de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), confirmó que su oficina recibió la denuncia formalmente el 27 de octubre, y que esta fue derivada al Viceministerio de Transparencia, con base en la Ley 974, y tomando en cuenta que esta denuncia era presuntamente por hechos de corrupción, en contra de una actual MAE, Johnson Jiménez.
Según Azurduy, todas las denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucren como principal denunciado a una MAE, directamente son procesadas por el Viceministerio de Transparencia Institucional. Agregó que era la segunda denuncia contra Jiménez, y que la anterior había sido rechazada.
Asimismo, explicó que también se recibieron como cuatro denuncias contra Teodoro Mamani, ex director de áreas protegidas, anterior a Jiménez.
Esta semana, EL DEBER pidió una actualización a la Unidad de Transparencia del MMAyA, sobre el estado de las denuncias pasadas, pero no hubo respuesta.
Movimientos sociales
Johnson Jiménez fue presidente de la Cpilap, que firmó convenio con ENDE para las hidroeléctrica El Bala-Chepete. Fue asambleísta departamental y diputado por el MAS, y entró como cuota de la Cidob, que forma parte del Pacto de Unidad.
Esta semana también fue removido del cargo Alan Lisperguer, quinto ministro de Luis Arce que sale del gabinete por denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito. Estuvo al mando del despacho de Medio Ambiente y Agua, una de las carteras de Estado que está bajo el control de los Interculturales.
El Deber
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