Una carta dirigida al presidente de Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, insiste en la necesidad de abrogar los decretos que autorizan el uso de los transgénicos en el territorio boliviano. El comunicado califica de «ecocidas» a las normas que permiten el uso de estos productos para el cultivo de los campos bolivianos.
La solicitud cuenta con el respaldo de 521 personas, además de 85 organizaciones y 118 instituciones de productores ecológicos, pueblos indígenas, consumidores organizados, colegios de profesionales, colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONG).
En la misiva, reclaman al presidente Arce que es “inadmisible que demoren en responder una solicitud en pro del cuidado de la vida, mientras constatamos que lejos de cumplir sus promesas electorales usted, comienza a dar señales contradictorias, planteando reactivar el proyecto de biodiésel (agrocombustibles) y queriendo dar curso al uso de transgénicos en cultivos de soya, algodón y caña de azúcar”.
También establecen que la continuidad de los decretos se sostiene en la necesidad de “contentar a la base social de su partido, a la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), a la Anapo, CAO y todas las transnacionales involucradas”.
En concreto, los decretos “ecocidas” que sugieren la derogación del decreto supremo 3874/2019 que autoriza procedimientos abreviados para la evaluación de transgénicos; los decretos supremos 4232 y 4238, ambos del pasado año, que abrevia los procedimientos que para aprobar los “productos genéticamente modificados” que se dirijan “al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”; y el decreto supremo 4348/2020 que se concentra en el maíz transgénico.
Los firmantes de la petición al ejecutivo abogan por un “verdadero impulso a la agroecología, conservando la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, haciendo un uso responsable de la tierra, rescatando el conocimiento ancestral y estableciendo un entorno sano para el desarrollo de la vida de todos habitantes del país”.
El Deber
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