El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y el asambleísta departamental Jaime Flores no llegaron a una conciliación para desestimar la querella que presentó la primera autoridad departamental en contra del legislador por el delito de difamación.
“Ayer (jueves) se ha llevado a cabo a las 08.30 la audiencia de conciliación, donde el señor gobernador ha establecido que él no tiene la predisposición de conciliar. Nosotros tampoco teníamos la predisposición porque ¿qué podríamos conciliar con él? Lo que el juez ha dispuesto es que se nos notifique con la demanda por difamación y (nos) otorgaron 10 días para presentar las pruebas de descargo”, informó el legislador Flores en contacto con la ANF.
El 6 de febrero, el gobernador de Potosí presentó una querella por difamación en contra del asambleísta Flores porque lo denunció en el caso de las 41 ambulancias fantasmas y por los viajes que realizó estando con detención domiciliaria.
La Fiscalía lo citó para que se presente a una audiencia de conciliación, pero en esa audiencia no hubo conciliación y el juez de turno les dio 10 días hábiles a ambos para que presenten sus pruebas de descargo.
El asambleísta departamental dijo que presentará como testigo a todo un pueblo potosino, que vio el hecho de corrupción; además, señaló que está viendo la posibilidad de ofrecer como testigo al exministro Carlos Romero.
“Él (Romero) declaró en un medio de comunicación en relación Mamani, y lo calificó de `mafioso’ y una serie de adjetivos calificativos en contra del gobernador”, argumentó. Además, agregó que presentará publicaciones que se realizaron en medios de comunicación sobre la compra irregular de las 41 ambulancias.
Además, existe un auto de vista dictada por una autoridad judicial que indica que el gobernador realizó un viaje sin tener una autorización. Pero, según la primera autoridad departamental, realizó el viaje los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022 a la ciudad de La Paz a una reunión de autoridades departamentales para los preparativos del Censo.
“Seguimos firmes, vamos a seguir en este proceso, pero también vamos a seguir haciendo la investigación como corresponde en las 41 ambulancias. No nos van amedrentar, pese a que esto es una persecución política”, aseguró el asambleísta.
Desde el 25 de enero se desarrolla una campaña ciudadana para cambiar la administración de la justicia boliviana. El principal objetivo es que se pueda instaurar un nuevo método de selección de jueces que garantice independencia y probidad en sus actuados. Para lograr ese propósito, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana.
Los ciudadanos pueden firmar los libros que se encuentran distribuidos en distintos puntos del país.
ANF
Mira también
Comentarios