Dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) condicionaron cualquier mesa de diálogo si primero el Gobierno deja sin efecto las órdenes de aprehensión contra sus representantes.
«Nosotros indicamos que primero, para cualquier diálogo, que se cese la persecución y se suspendan las órdenes de aprensión contra los dirigentes que estamos en esa situación para entablar el diálogo», dijo el dirigente Reynaldo Laura.
El 8 de septiembre, cocaleros orgánicos procedieron con la quema del mercado «ilegal» de coca ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen. La Fiscalía emitió 16 órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes. Hasta la fecha, un cocalero y cuatro dirigentes se encuentran encarcelados en el penal de San Pedro por los delitos de instigación, organización criminal y otras 12 causas más.
La última persona aprehendida fue Rosalba Vargas, vicepresidenta del Comité de Autodefensa. En este caso, la justicia determinó el arresto domiciliario. La abogada Evelin Cossio informó que aún están vigentes 12 órdenes de aprehensión contra los cocaleros orgánicos.
Laura contó que el pedido del cese de las órdenes de aprehensión fue transmitida a los representantes de la Defensoría del Pueblo en una reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles en instalaciones de Adepcoca ubicado en la zona de Villa Fátima. En ese encuentro los cocaleros le expresaron por la situación que vive en este momento los productores de Los Yungas.
Mientras que los funcionarios de la Defensoría les hicieron conocer que enviaron notas al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, al Ministerio de Gobierno y al Viceministerio de Coca para entablar el diálogo, «pero la Defensoría es solo parte mediadora», dijo el dirigente cocalero de Adepcoca.
El dirigente recordó que el 10 de octubre, en el cabildo paceño, se determinó dar 14 días al Gobierno para que se pronuncie sobre un pliego petitorio que enviaron; caso contrario, iniciarán con las movilizaciones hasta ser escuchados.
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