El Gobierno respondió a las cinco condiciones al diálogo que planteó la Federación de Campesinos Túpac Katari e invitaron a este sector a un encuentro para avanzar en sus demandas.
UNITEL tuvo acceso a este documento de doce páginas, en el que le responden a las inquietudes del sector y hacen la invitación para avanzar con un encuentro.
“El Gobierno ofrece las garantías necesarias y las condiciones suficientes para instalar un encuentro franco, pleno y profundamente democrático”, indica la nota.
A continuación puedes ver la respuesta del Gobierno a los campesinos y un resumen de cada uno de los cinco puntos:
1. La creación de una Comisión de control en frontera y anulación de contratos por combustible adulterado
“El Gobierno acepta la creación de una Comisión de Revisión del Combustible, con participación de organizaciones sociales, equipo técnico y colaboración de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para verificar la calidad del combustible en los puntos fronterizos antes de su distribución al país”, responde el Ejecutivo.
Sobre el resarcimiento, indica que se instalarán puntos móviles de recepción de documentos en las 20 provincias del departamento de La Paz, que recibirán de manera física la documentación de las personas afectadas.
“El Gobierno garantiza el procesamiento penal de las exautoridades y autoridades de la actual gestión que resulten responsables, así como la revisión de los contratos de importación y su posterior auditoría correspondiente”, manifiesta.
2. La regulación temporal de obligaciones financieras por seis meses
El Gobierno señala que ya se encuentra vigente el Decreto Supremo 5630, destinado al refinanciamiento y la reprogramación de deudas para clientes del sistema financiero, por lo que con esta norma se instruye a las entidades financieras a evaluar y atender las solicitudes presentadas voluntariamente por los prestatarios, considerando su situación económica y capacidad de pago.
3. La abrogación de decretos supremos que consideran “inconstitucionales”
Los campesinos señalan que “los decretos promulgados por el Ejecutivo que vulneran la Constitución Política del Estado deben ser abrogados inmediatamente”.
El Gobierno responde lo siguiente por cada decreto:
-Decreto 5618: señala que no regula materia ambiental ni minera en el sentido planteado por las organizaciones, y no guarda relación alguna con licencias ambientales ni con el control de la actividad minera en áreas protegidas o territorios indígenas.
-Decreto: 5579: será abrogado.
-Decreto: 5517: Autoriza a privados importar, vender y comercializar diésel, gasolina y derivados, encaminando a la privatización de YPFB. Suspende por 1 año el diésel de la lista de sustancias controladas se elimina permiso previo de la policía al control de sustancias.
El Gobierno asevera categóricamente que no existe ningún tipo de privatización de YPFB, ni tampoco ninguna empresa estratégica del Estado. La empresa estatal mantiene su rol y sus operaciones íntegramente, y el decreto simplemente amplía los actores autorizados para importar combustible.
-Decreto 5519: Según los campesinos, modifica normas de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías (Agetic), amplía sus facultades, elimina controles y centraliza manejo de datos, sistemas y comunicaciones del Estado; permite intervenir redes, información y servicios digitales sin requisitos previos ni autorizaciones independientes.
“El decreto no contiene ningún artículo que autorice la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos personales o la vigilancia de ningún tipo, y mucho menos de organizaciones sociales o comunidades indígenas. Se trata de una reorganización de la infraestructura digital del Estado orientada a la seguridad informática institucional, y no de un mecanismo de espionaje”, afirman desde el Ejecutivo.
-Decreto 5515: permite que el presidente del Estado ejerza sus atribuciones constitucionales mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del territorio nacional de manera temporal.
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“El Gobierno informa que los recursos contra estos Decretos ya fueron admitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la única instancia con competencia exclusiva para resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto Supremo”, indica el documento.
-Decreto 5550: será abrogado.
-Decreto 5551: crea el Despacho de Gestión Social de Su Excelencia como institución pública descentralizada para gestionar bienes decomisados y programas de ayuda social. “El Gobierno está dispuesto a incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas periódica sobre la administración de estos recursos, con la participación y fiscalización de las organizaciones sociales”, manifiesta.
-Decreto 5552: crea una estructura de apoyo técnico, jurídico y de comunicación para la Vicepresidencia del Estado, equiparándola a la de la Presidencia.
“El Gobierno informa que los recursos contra estos Decretos ya fueron admitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la única instancia con competencia exclusiva para resolver este tema. Sus resultados serán comunicados oportunamente a las organizaciones sociales”, dice el documento.
4. Decreto de Amnistía presidencial y restitución total de garantías
-Fuero sindical: protección constitucional e internacional
“El Gobierno reconoce y garantiza el cumplimiento total del fuero sindical establecido en la Constitución Política del Estado: ningún dirigente sindical será despedido, transferido, perseguido ni privado de su libertad por causas vinculadas al ejercicio legítimo de su actividad gremial”, asegura el documento.
-Amnistía Presidencial: viabilidad constitucional
El Gobierno se compromete y garantiza el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de todas las personas detenidas. Además recuerda que de las 247 personas procesadas en el contexto de las movilizaciones, se han liberado a 231 personas.
“Daremos instrucciones a las entidades que dependen del Gobierno para que se respeten los derechos de los detenidos y para colaborar con información oportuna”, remarca.
-Devolución de garantías económicas
Aclara que esta es una competencia exclusiva del Órgano Judicial. Sin embargo, se compromete a coadyuvar con la conclusión y posterior devolución de estas garantías económicas con la mayor celeridad.
-Resarcimiento integral a las familias afectadas durante las movilizaciones
“El Gobierno se compromete en el día a apoyar y prestar atención inmediata, ya sea con ayuda social o atención médica, a todos los heridos como también a la familia de los afectados”, manifiesta.
5. Abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de excepción
Sobre la Ley 1740 de Regulación de Estados de excepción, indican que esta una competencia que le corresponde constitucionalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, el Gobierno garantiza que las observaciones planteadas por las organizaciones sociales respecto a los límites, controles y garantías que la ley debe contemplar serán analizadas y socializadas entre el ejecutivo, el legislativo y las organizaciones sociales.
Respecto a la desarticulación de grupos de choque paraestatales, el Ejecutivo señala que se instruirá y solicitará de manera inmediata al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público la realización de las investigaciones correspondientes respecto de cualquier grupo civil organizado que promovió actos de violencia, discriminación, intimidación o acciones al margen de la ley durante las movilizaciones y conflictos recientes.
“Se aclara también que no existe por parte del Gobierno intención alguna de modificar la Constitución Política del Estado. Esta afirmación constituye una falsedad con la intención de desinformar a la población y agravar el conflicto”, concluye la nota.
